Mientras la Justicia platense investiga por estas horas el monto que se habría desviado por las maniobras de las presuntas estafas que se le atribuyen a 18 funcionarios y ex funcionarios del IOMA, entre ellos su ex titular durante la gestión anterior, Antonio La Scaleia, se conocieron nuevos detalles del posible “modus operandi” para perjudicar a la obra social de la Provincia
En el escrito judicial al que tuvo acceso el diario platense El Día, se consigna que la maniobra consta en por lo menos 78 casos de afiliados a la obra social que figuraron como beneficiarios de servicios de internaciones domiciliarias que nunca recibieron.
Según uno de los denunciantes, se crearon prestaciones truchas de médicos, se inflaron los servicios que se brindaban y lo inédito, tal como lo reflejó anoche el programa de Lanata, algunos profesionales se “transportaban” decenas de veces a domicilios separados por cientos de kilómetros.
De acuerdo consta en el expediente judicial, había médicos que estaban el mismo día y, a veces, a la misma hora, en distintas ciudades del interior bonaerense . “Por ejemplo, una terapista ocupacional atendía 35 personas por día, lo que es prácticamente imposible. Pero es peor aún, porque estas 35 personas vivían en Luján y en Mar del Plata”, según contó el abogado denunciante Alfredo Dahhur.
Otro caso que se contó en Periodismo Para Todos es el de una kinesióloga, que apareció durante un mes en diez lugares distintos como Villa Luzuriaga, Coronel Vidal, Miramar, Vedia, Arenales, Colón, Rojas, Salto, Chacabuco y Ciudadela. El otro mes, otro médico figuró con pacientes en las ciudades de La Plata, General Pirán, Coronel Vidal, Mar del Plata, Lincoln, Alem, Junín, Viamonte, Chacabuco, Colón, Ramallo y Caseros.
FACTURACION
Según confirmaron ayer, la facturación total de cinco empresas que habrían participado del fraude fue de 656 millones de pesos. Así lo contó a El Día el diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello, quien ofició como uno de los denunciantes de la presentación realizada por la diputada nacional Elisa Carrió.
Castello presentó pruebas a la causa que investiga el fiscal platense Alvaro Garganta a través de la figura “amicus curiae” (amigo del tribunal) y contó a este medio que sobre estos funcionarios pesa la presunción de que habrían actuado con un modus operandi por el que “la mayoría de las prestaciones domiciliarias eran derivadas indebidamente por diferentes vías a cinco empresas vinculadas a funcionarios del IOMA”.
Pero, además, el legislador y denunciante afirmó que a esas mismas empresas en cuestión “se les pagaron infinidad de prestaciones que nunca existieron y que se justificaban con firmas falsas de afiliados tomados al azar”.
“IOMA pagó millones en prestaciones inexistentes”, aseveró Castello. Y contó que en total estas empresas facturaron a la obra social en el período que se investiga -entre 2013 y 2015- “656.600.000 millones de pesos”.
18 PROCESADOS
Como publicó este diario en su edición de ayer 18 funcionarios fueron procesados por esta causa, entre ellos representantes de los gremios UPCN y Suteba en el directorio del organismo, el actual director de Finanzas de IOMA y dos empresarios, sospechados de formar parte del grupo involucrado en la estafa.
El procesamiento y la citación a prestar declaración indagatoria por parte de Garganta tiene como cara visible a Antonio La Scaleia, un médico cirujano que ocupó la presidencia de la obra social que presta servicio a más de dos millones de bonaerenses entre los años 2010 y 2015 y que cosechó decenas de denuncias por irregularidades y estafas en el organismo.
También fueron procesados dos ex vocales integrantes del directorio por los gremios mayoritarios de la Provincia: Luis Angel Pérez, representante de UPCN, y Patricia Viviana Nisembaum, quien ocupó ese cargo en representación de Suteba. Según las denuncias, ambos son cercanos a los conductores de los gremios, Carlos Quintana y Roberto Baradel, respectivamente. De acuerdo a la acusación de Seillant, tuvieron participación en las maniobras al prestar la firma para la autorización de módulos de internación domiciliaria a afiliados de sus sindicatos que nunca recibían el servicio.
