Durante la década del 90, a partir de las recomendaciones del consenso de Washington, los Estados de la región enfrentaron su déficit fiscal achicando sus estructuras y programas y privatizando las empresas públicas de servicios. Los organismos de crédito recomendaban a los gobiernos de la región ocuparse solo de las “funciones esenciales”, dejando las actividades productivas en manos de la inversión privada. Si el Estado dejaba más espacio a la iniciativa individual, razonaban, llegarían capitales que harán surgir potentes economías de mercado.
En los hechos, y muy particularmente en la Argentina, el Estado Nacional se desprendió de los servicios escolares y de salud, que traspasó a las provincias. Pero por uno u otro motivo, el ajuste nunca pareció suficiente. Así, no sólo desaparecieron las empresas públicas y demás actividades “no esenciales”, sino que se pusieron en juego las coberturas básicas que había costado más de un siglo estructurar.
A pesar de este ajuste “continuo”, los capitales no aparecieron o vinieron bajo la forma de inversiones especulativas. A partir del año 2003, el gobierno argentino definió una nueva articulación entre el Estado y el sector privado. La iniciativa pública dejó de ser “el” problema, para pasar a motorizar el desarrollo económico. Desde 2003 en adelante, el PBI creció a tasas sin antecedentes en la historia argentina.
Este esquema permitió transitar sin sobresaltos bruscos la crisis internacional de los años 2008-2009. La utilización de recursos públicos para desarrollar la actividad productiva y social se mostró tan eficaz que los voceros de la derecha desistieron de oponerse abiertamente. Muy por el contrario, en la última campaña electoral se comprometieron a mantener este esquema virtuoso.
Pero el esquema no se puede sostener parcialmente. Transferir ganancias a través de la quita de retenciones o impuestos a bienes suntuarios, la apertura de las importaciones o el desfinanciamiento de programas como Cambio Rural, entre tantos otros, desequilibra un orden pensado para la inclusión y el desarrollo.
Frente al desafío de una nueva contienda electoral, nuestra responsabilidad es revertir el desguace de lo público. Debemos reconstruir, paciente y progresivamente, los dispositivos estatales que promueven derechos y generan un desarrollo que incluye a todos. Sin intervención estatal, el mercado se ocupa de muy pocos.
