La Asociación de Productores Agropecuarios de Junín y la filial Junín de la Federación Agraria Argentina se pronunciaron en un comunicado conjunto acerca de que "ha trascendido la reimposición del impuesto a los bienes rurales que, conforme a la justicia ya no alcanzaba más a éstos. Además, el mismo Presidente Macri lo había considerado como un tributo distorsivo a derogarse totalmente junto con las retenciones y otros. Esta tan mala como sorpresiva noticia, aumenta el estupor de los productores que encima se enteraron de ella luego que el coordinador Laspina no permitiera que participaran las entidades rurales".
as entidades del agro indicaron que "de prosperar el proyecto sería un nuevo tributo, el noveno, al mismo hecho imponible, la tierra, el lote rural. A saber: el impuesto inmobiliario, el complementario, la sobretasa al fondo de educación, la tasa de red vial y la sobretasa de seguridad, el impuesto sobre la cesión o transmisión gratuita de inmuebles, el impuesto de justicia (mal llamada tasa porque su base imponible es también la valuación y no el formulario que se expide y detalla los bienes), y su sobretasa del 10% si correspondieran. Desde todo punto de vista tal superposición de impuestos sobre un mismo hecho imponible, y todos o casi todos con altísima progresividad transforma esta tributación en distorsiva, irracional, injusta y por ende inconstitucional".
Para APAJ y FAA filial Junín "si a ello le sumamos la enorme carga impositiva dada por los distintos tributos como los derechos a la exportación (retenciones), impuesto al cheque, impuesto a los ingresos brutos (que históricamente iba a ser reemplazado por el IVA), sellos, derechos de registros (seudo tasas innecesarias y además progresivas lo que refuerza su carácter impositivo ), un sistema engorroso de retenciones y percepciones a los impuestos del IVA, ingresos brutos y ganancias, como los mismos anticipos, etc.; conforma un panorama para el productor sumamente desalentador".
En el comunicado señalan que ambas entidades resolvieron rechazar y oponerse a cualquier reimposición del impuesto a los bienes personales rurales por las razones expuestas y por las mismas razones y considerar a esto un nuevo avasallamiento inconstitucional sobre el productor y su propiedad, declararse en estado de alerta.
