En alerta por el impacto judicial, el Gobierno decidió dar batalla para que los amparos que reclaman por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos se tramiten en juzgados nacionales de la Capital Federal y no en tribunales federales alejados del epicentro administrativo que representa el territorio porteño.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 decidió ayer hacer lugar a un pedido de inhibitoria presentado por el Estado, a través del Ministerio de Energía, que está a cargo de Juan José Aranguren , ratificado recientemente en su plan tarifario por el presidente Mauricio Macri .
El Gobierno, a través de Aranguren, había pedido que un amparo colectivo que cuestiona la fecha de aplicación de los aumentos en el gas se mude de La Plata a la Capital Federal.
En el Ministerio de Energía evitaron ayer una comunicación oficial sobre el asunto. El fallo de ayer acepta que se trabe la cuestión de competencia, por lo que ahora el juez de La Plata debe decir si quiere retener el expediente o acepta la transferencia. Si optara por retenerlo, resolvería la instancia superior: la Cámara Federal.
Es la segunda vez que el Gobierno realiza este reclamo por cuestiones de competencia. Meses atrás hizo un idéntico pedido por un amparo colectivo que cuestionaba ya no la fecha, sino la "razonabilidad" del valor de los servicios públicos. Es decir, la cuestión de fondo de la política en materia de tarifas.
Los aumentos en las tarifas del gas que implementó el Gobierno este año fueron judicializados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una ONG de La Plata que mostró afinidad con el kirchnerismo.
Acción colectiva
La entidad presentó una acción de incidencia colectiva en nombre de "los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional" solicitando la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por redes a partir del 1º de abril, cuando -según los demandantes- la alícuota debería aplicarse recién el 1º de mayo.
El caso recayó en el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, uno de los impulsores de la causa.
La Justicia incluso les pidió al Enargas y al Ministerio de Energía que produjeran un informe en el que se expidieran acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la cautelar, como corresponde cada vez que hay amparos en los que es parte el Estado.
El Ministerio de Energía, sin embargo, presentó un pedido de inhibitoria para que el juzgado de La Plata se abstenga de intervenir, al señalar que "los actos cuestionados emanan del Poder Ejecutivo Nacional con sede en Capital Federal", por lo que "los tribunales competentes son los nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad".
El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3 hizo lugar ayer a la medida pedida por la gestión del presidente Mauricio Macri. Esa decisión podría trabar la cuestión de competencia si el juez platense reclamara retener el caso. Los demandantes ya presentaron un escrito para evitar la "mudanza" del expediente al territorio que prefiere el Gobierno. La pulseada continuará en los próximos días.
Otro caso en la Corte
El año pasado, el municipio bonaerense de Leandro N. Alem, a través de su Oficina de Defensa del Consumidor, realizó una presentación contra la suba del gas para los usuarios residenciales.
Se cuestionaba el corazón de la problemática: la "razonabilidad" del valor de las tarifas. La demanda quedó radicada en el juzgado federal de Junín, a cargo de Héctor Pedro Plou.
El Gobierno intercedió y los abogados del Ministerio de Energía se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de la Capital Federal para pedir que sea esa jurisdicción la que intervenga en la demanda que inició el municipio de Leandro N. Alem. Es decir, que el juzgado de Junín se abstenga de seguir interviniendo y el trámite se mude de distrito.
La Cámara Federal de La Plata decidió que sea la Corte Suprema la que defina la cuestión de competencia planteada. Es decir, si la nueva demanda colectiva queda en manos de un juez de la Capital Federal (como pretende el Gobierno) o en el juzgado de Junín, un tribunal alejado del centro del poder político y económico
