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| 06/06/2019

Ruta 7: Peligra la construcción de la ruta segura entre Junín y San Luis

 Cartellone, la constructora a la que le adjudicaron el corredor vial C, que incluye la construcción de una ruta segura entre Junín y San Luis,  evalúa presentarse en concurso de acreedores la semana que viene para evitar la quiebra

Por Redacción

Se trata de una de las mayores compañías del sector del país, por lo que las fuentes anticiparon que la noticia sacudirá con fuerza a toda la actividad.

El grupo de origen mendocino -que cuenta con presencia en Bolivia, El Salvador y Chile y desembarcó con diversas obras en varios países del mundo- perdió el año pasado $711 millones.

"Lo que se publicó es el resultado del Holding y por lo tanto incluye a la constructora como unidad de negocio, a Cartellone Oil y Gas, Prear, Aceros y Concesiones Viales", reconoció el CEO de la firma Carlos Ruiz al diario Los Andes en una nota publicada este domingo.

En ese sentido, el propio balance reconoce que el número estuvo "influenciado en gran medida por los altos costos financieros, producto de las tasas vigentes" y que al día de hoy se mantienen en 70% anual.

Consultado al respecto sobre esta versión, un importante empresario del rubro aseguró a este medio que "No sería nada raro. Hay un montón de firmas en problemas porque el Estado no paga y los acreedores quieren cobrar". "La convocatoria es la única manera de ordenar y evitar que te pidan la quiebra", apuntó el representante del sector.

"Cartellone está complicada como todo el resto de las constructoras que figuran en la causa de los cuadernos", añadió otra fuente de la actividad a la que tampoco le llamó la atención esta jugada.

"El 2019 se presenta en la Argentina como un período de retracción en cuanto a los contratos de locación de obra pública como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la Nación y el FMI. No obstante ello, aún se mantienen las expectativas de que puedan ponerse en marcha los contratos bajo la modalidad de PPP en lo cuales nuestra empresa tiene un contrato", reza el estado contable presentado en la Bolsa por Cartellone, y en el que reconocen haber pedido créditos a bancos locales por más de $1.000 millones durante el 2018.

El concurso de acreedores es una instancia jurídica para lograr un plan de propuesta y readecuación que le permita a la empresa acordar con sus acreedores la cancelación de los compromisos que lo llevaran a dicha situación, y continuar con su actividad. En caso contrario, el paso siguiente es el pedido de quiebra.

Los proyectos de PPP quedaron enmarañados a partir de la corrida cambiaria del año pasado, ya que en este tipo de esquemas son los privados los que deben buscar el financiamiento en el mercado internacional, complicado con el riesgo país por arriba de los 900 puntos.

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