A tres años de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal Federal 1 contra los represores juninenses durante la dictadura cívico-militar, la concejal Olga Prieto (Unidad Ciudadana), dijo que "fue una causa judicial largamente buscada y esperada por los juninenses, por las víctimas, por sus familiares, los organismos y en general por todos los ciudadanos que no haya impunidad en esos delitos terribles y que sus responsables, sean condenados".
Agregó que "la investigación de la causa residual, que es lo que estamos esperando tras esa sentencia ejemplar, por información extraoficial, está avanzando esa instrucción, realizándose algunas entrevistas. Sabemos esto a través de la fiscalía que investiga los delitos de lesa humanidad, sabemos que avanza pero no tenemos información de con cuánta celeridad. Le hemos pedido a la fiscal acercarnos a conversar con ella, a acercar información que poseemos pero no hemos sido invitados. La instrucción avanza de una forma silenciosa".
Atribuyó esa "a la característica de estos tiempos que transcurren, en una época donde se tiende a silenciar y no dar a conocer estas causas que son tan importantes para la sociedad".
En diálogo con JUNINDIGITAL, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Concejo Deliberante, señaló "cuando fue el primer juicio podíamos hablar con los abogados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ellos nos llamaban, nos consultaban, se hacía público el avance pero ahora no es así. Lo que se estaría haciendo es en total y absoluto silencio. "A puertas cerradas", muy propio de este cima de época. Nos preocupa que pasa el tiempo y se va dando la impunidad biológica. Los que fueron nombrados en las audiencias públicas, como personas que cometieron terribles delitos en Junín, siguen caminando tranquilamente por las calles de Junín, cruzándose con las víctimas. Las cosas siguen igual en Junín y eso no es bueno. Es lo que siempre se ha tratado de revertir".
Olga Prieto, militante de derechos humanos, hija de Azucena "Coca" Prieto, una luchadora incansable y fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo Junín, afirmó a este portal digital informativo que, en lo personal, "sentíamos que tocábamos el "cielo con las manos" porque castigar a los responsables de delitos tan atroces es como tranquilizador. Las mismas personas que fueron víctimas y escucharon la sentencia a sus victimarios, así lo manifestaron".
Y añadió: "Si bien en Junín no se estaban juzgando delitos a mi familia en particular, porque hemos estado trabajando para que el juicio se hiciera aquí y nos dio a todos una tranquilidad. Cumplíamos con lo que se debía hacer, acercando la justicia a las personas que sufrieron y lo pudieran compartir con sus vecinos".
"Ahora estamos con preocupación, viendo cómo se retrocede porque a tres años de la sentencia, solamente uno está cumpliendo la condena en forma efectiva, en prisión, que es Esterlich. Tres fallecieron, mientras que Manzanares, Bracken y Almirón están con prisión domiciliaria. Es un cambio de época y los organismos de derechos humanos lo estamos resistiendo", agregó Prieto.
FALLECIMIENTOS
Vale mencionar que el coronel Angel José Gómez Pola -jefe de la Guarnición Militar Junín en los años de la dictadura- falleció el 5 de noviembre de 2015; (Sus compañeros de promoción 81 del Colegio Militar de la Nación, de la Escuela de Aviación Militar (17° promoción) y Escuela Naval Militar 78 promoción, participaron del fallecimiento y rogaron una oración a su memoria).
El primero en fallecer fue el doctor Aldo Chiachietta una semana después del fallo que lo condenó a 25 años de prisión. El deceso se produjo el 26 de febrero de 2015.
El ex comisario juninense de la policía bonaerense Edgardo Antonio Mastandrea, de 69 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, murió el miércoles 27 de julio de 2016, luego de la amputación de sus piernas como consecuencia de la diabetes que padecía.
Mastandrea permanecía alojado en el pabellón 19 del Penal Federal de Marcos Paz, tras la pena que recibió en febrero de 2015, cuando se lo sentenció a 15 años de prisión luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que lo juzgó lo encontrara culpable de delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante última dictadura cívico militar. Antes -el ex asesor de Elisa Carrió en materia de seguridad- también había sido juzgado y condenado a 20 años de cárcel en San Nicolás, en la megacausa “Saint Amant II”, que investigó los delitos de lesa humanidad perpetrados en el área de Pergamino, aunque posteriormente el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruso le concedió la excarcelación en esa causa.
LAS PRISIONES DOMICILIARIAS
La concejal de Unidad Ciudadana recordó que la fiscalía federal que intervino en el juicio realizado en Junín realizaron una apelación de la prisión domiciliaria de Manzanares, Bracken y Almirón, diciendo que estaban dadas las condiciones para que a esas personas se les cuidara la salud en el penal y que cumplieran su condena en la cárcel.
"Los jueces, siendo "sensibles", por decirlo de alguna manera, a este cambio de época, hicieron caso omiso de esa apelación. Se llegó al punto culmine de otorgar el mismo beneficio a Etchecolatz, una persona repudiada por todo el mundo", señaló Prieto quien consideró preocupante el hecho de que esto que significó un avance de la Argentina en el mundo, tuviera un retroceso.