Desde Sociedad Comercio e Industria de Junín se advirtió sobre la inquietud y preocupación por lo que consideran "el avance de la venta desleal e ilegal en diversos rubros en especial alimentos y comidas, ropa de vestir y deportiva, hospedaje, pensiones de ancianos y accesorios, entre otros".
Directivos de la entidad empresaria local señalaron en un comunicado de prensa que socios de la misma "han hecho llegar reclamos sobre la instalación, habilitación y comercialización en nuestra ciudad de cadenas de supermercados minoristas orientales con las siguientes consideraciones: Poseen una estrategia común no solo en la nacionalidad de sus titulares, sino en su progresiva penetración comercial que es la acción organizada casi desde su migración hacia la Argentina; con un claro respaldo político y económico de las autoridades chinas para facilitar la venida e instalación de los inmigrantes chinos en la Argentina".
Agregan que "en la provincia de Buenos Aires se legisló respecto de establecimientos multinacionales de similares características como las Grandes Superficies y las Cadenas de Distribución Minorista a través de la ley 12553. No obstante los supermercados chinos eluden ésta norma y nunca solicitan la Factibilidad Provincial ni se efectúa el estudio de impacto socio-económico como sucede con cualquier establecimiento de ese tipo cuyo titular esté vinculado económicamente a otros, dado lo cual se elude la ley en vigencia".
Para Comercio e Industria, estos negocios "destruyen la actividad desarrollada por comercios instalados, arraigados a su ciudad, a su comunidad, a su barrio, a su club, que participa de la vida comunitaria activamente, que se ve invadido por gente extraña que no habla su idioma, que responde a otros parámetros culturales, y que viene organizadamente a destruir su actividad económica que le da sustento a su familia".
Afirman que "el Estado debe garantizar la libertad de comercio, pero al mismo tiempo debe regular y ordenar el mismo; debe garantizar que se respeten reglas de juego claras y transparentes que hagan a la competitividad de mercado; pero también debe establecer las condiciones para ejercer la actividad comercial, que no es limitar la libertad ni ser discriminatorio con una determinada colectividad; debe proteger la comunidad y garantizar el bien común , que es su principal misión, y en ello le va la necesidad de regular la instalación y funcionamiento de éstos establecimientos, en resguardo del bien común de ciertos comerciantes malamente afectados por ésta situación".
"Respecto a ello y considerando que ya existen cerca de 40 establecimientos de las características mencionada creemos que se hace necesario dictar una normativa de emergencia mientras se analiza detenidamente como se ordena ésta actividad", concluyó el comunicado de prensa emitido este viernes por la Sociedad Comercio e Industria de Junín.