El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia, especialmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las inundaciones ocurridas en marzo; y dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas.
La decisión fue formalizada a través del Decreto N°424/2025 publicado en el Boletín Oficial y lleva las firmas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida implica el archivo del proyecto y la suspensión de medidas económicas clave, como la entrega de créditos blandos, suspensión de obligaciones contractuales y beneficios impositivos para los damnificados.
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La Ley había sido sancionada por el Congreso el 4 de junio y proponía declarar la emergencia por 180 días, habilitar fondos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, priorizar la contratación de mano de obra local en obras públicas y establecer líneas crediticias preferenciales a través del Banco Nación. Además, se preveía la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos a los damnificados.
Los fundamentos del Gobierno
En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que las medidas contempladas ya fueron implementadas mediante el Decreto N°238/25, firmado tras el temporal del 7 de marzo. Allí se creó un fondo de $200.000 millones gestionado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y se implementó el programa "Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)", destinado a los residentes cuyas viviendas resultaron afectadas.
Según datos oficiales, el 85,43% de los inscriptos al S.U.R. ya recibió el subsidio, mientras que un 10,55% de los casos está en análisis y solo un 4,01% fue rechazado. Asimismo, el Gobierno argumentó que incluir a Coronel Rosales era "de imposible cumplimiento", dado que el área de intervención fue delimitada en base a informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que identificaron a Bahía Blanca como la más impactada. La Agencia Federal de Emergencias relevó 66 barrios afectados en esa ciudad.
Otro de los argumentos clave para el veto, dice el Gobierno, fue la falta de previsión presupuestaria en la norma. El Ejecutivo citó el artículo 38 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera, que obliga a identificar la fuente de financiamiento de cualquier gasto aprobado por ley. El texto oficial remarcó que la norma sancionada por el Congreso no incluía ese requisito esencial.
Además, el Gobierno nacional recordó que parte del financiamiento para las acciones ya implementadas proviene del préstamo BID AR-O0016, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para emergencias por desastres naturales, cuya elegibilidad fue confirmada en marzo.
En cuanto a los créditos preferenciales para empresas y familias, el decreto presidencial subrayó que el Banco Nación ya posee facultades para otorgar asistencia financiera conforme a su carta orgánica y normativa vigente. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo cerró la posibilidad de avanzar este año con una nueva legislación específica para atender las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.