La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto impulsado por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, que autoriza a los 135 municipios de la provincia a reasignar recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras de infraestructura hídrica frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.
La iniciativa, que también lleva la firma de la senadora Silvana Ventura, busca darles mayor margen de acción a los gobiernos municipales para ejecutar trabajos de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico. Sin embargo, la medida generó el rechazo de entidades representativas del sector agropecuario, que advierten sobre el riesgo de desfinanciar el mantenimiento de la red vial rural.
Entre los legisladores que acompañaron el proyecto en el Senado bonaerense se encuentra Pablo Petrecca, senador del PRO y exintendente de Junín. Su voto tiene implicancias directas para el distrito: la nueva ley también le permitirá al intendente Juan Fiorini, su cuñado, decidir si destina esos recursos a obras hídricas o si mantiene su asignación original para los caminos rurales.
Cómo se distribuye el Inmobiliario Rural
Actualmente, la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se distribuye de la siguiente manera: el 65% queda en manos del Ejecutivo provincial, el 12% se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, el 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y el 20% corresponde a los municipios como retribución por la administración del tributo.
La nueva ley habilita a los municipios a reasignar, durante seis meses, hasta el 100% de los fondos alcanzados por la norma y destinados al mantenimiento de la red vial rural. De esta manera, los intendentes podrán utilizar esos recursos para intervenciones vinculadas con la infraestructura hídrica, en lugar de destinarlos exclusivamente a los caminos.
La norma no obliga a cambiar el destino del dinero, sino que otorga esa facultad a cada gobierno municipal. En Junín, por lo tanto, Fiorini podrá decidir si utiliza los recursos para atender necesidades hídricas del distrito o si los conserva para el mantenimiento de los caminos rurales.
La posibilidad de modificar el destino de esos fondos abrió una discusión sobre las prioridades de inversión. Para el sector agropecuario, los caminos rurales son indispensables para trasladar la producción, ingresar insumos y garantizar el acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios esenciales en el interior.
El rechazo de la Sociedad Rural Argentina
La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su rechazo a la iniciativa al advertir que la búsqueda de soluciones para los problemas hídricos no debería comprometer el financiamiento de otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales.
«Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales», sostuvo la entidad en un comunicado.
La SRA recordó que los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud y sostener la vida en el interior.
«Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable», advirtió la organización que conduce Nicolás Pino.
La entidad reclamó, además, planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple las necesidades del sector productivo.
CARBAP cuestionó el uso de los fondos
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) también rechazó la modificación normativa y cuestionó tanto el cambio en el destino de los recursos como la forma en que se trató el proyecto en la Legislatura.
En un comunicado difundido por Infocampo, la entidad sintetizó su postura con una frase contundente: «Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí».
CARBAP cuestionó la modificación de la Ley 13.010, que habilita a destinar recursos afectados al mantenimiento de los caminos rurales a la ejecución de obras hidráulicas.
«Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos», sostuvo la organización.
La entidad también criticó que se habilitara el tratamiento sobre tablas, sin un debate previo en comisiones, y señaló que la aprobación fue posible gracias a una mayoría de dos tercios en la Legislatura bonaerense. En ese sentido, consideró que las fuerzas políticas que hicieron posible el tratamiento deben asumir su responsabilidad por la decisión.
Otro de los argumentos de CARBAP apunta a que los municipios ya recaudan sumas importantes mediante la tasa vial y que, pese a ello, los caminos continúan deteriorándose. Por eso, reclamó que, antes de avanzar sobre recursos afectados específicamente a su mantenimiento, se controle que los fondos existentes sean administrados correctamente y utilizados para el fin previsto.
«Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial», expresó la entidad.
CARBAP también cuestionó el argumento de la urgencia climática. Según sostuvo, la posibilidad de que se presente el fenómeno de El Niño era conocida desde hacía meses y las obras preventivas deberían ejecutarse antes de que ocurran las catástrofes, no mientras se desarrollan.
«La urgencia legislativa debería estar puesta en resolver los problemas de la provincia, no en desfinanciar una infraestructura esencial para producir y vivir en el interior», concluyó el comunicado.
Una decisión que también alcanza a Junín
El rechazo de las entidades rurales pone el foco en una cuestión central: cómo compatibilizar la prevención de inundaciones con la necesidad de sostener una red vial rural que también resulta afectada por las lluvias y es determinante para la actividad agropecuaria.
La ley no implica que los municipios deban dejar de invertir en caminos ni que Fiorini necesariamente vaya a reasignar los recursos. Sin embargo, le otorga al gobierno local la posibilidad de cambiar temporalmente su destino para ejecutar obras hídricas.
En ese escenario, el voto favorable de Petrecca en el Senado adquiere relevancia para Junín. El legislador respaldó una iniciativa cuestionada por dos de las principales entidades representativas del sector agropecuario, mientras que el gobierno municipal queda habilitado para decidir cómo utilizar los fondos alcanzados por la norma.
La decisión que adopte Fiorini determinará si una parte de esos recursos se destina a obras hidráulicas o continúa aplicada al mantenimiento de los caminos rurales. El desafío será atender las necesidades de infraestructura hídrica sin profundizar las dificultades de transitabilidad que afectan a productores y habitantes del interior del distrito.