El Fiscal General del Departamento Judicial de Junín, doctor Juan Manuel Mastrorilli, brindó precisiones sobre la puesta en marcha de la Policía Judicial, cuya acción no pasará desapercibida para la comunidad y podría comenzar a principios del año próximo, investigando los delitos más graves y los del crimen organizado (como por ejemplo, los de las bandas que roban motos y el narcomenudeo).
Según establece la ley, en un primer momento este cuerpo se avocará a investigar sólo algunos tipos de delitos (homicidios dolosos, delitos cometidos por funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, y crimen organizado); pero la inclusión del último tipo podría tener repercusión en nuestra ciudad: si se determinara que existe una banda dedicada, por ejemplo, a robar y comercializar motos, podría considerarse que se trata de delito organizado y dar intervención al nuevo Cuerpo de Investigaciones Judiciales más allá de que los hechos no sean particularmente graves. Pero además, el responsable del Cuerpo tiene facultades para decidir la intervención en cualquier caso.
Mastrorilli dio detalles sobre la puesta en marcha de esta nueva herramienta y consideró que "está previsto que este cuerpo actúe en los delitos más graves. Nuestro departamento judicial no tiene un índice alto de homicidios, por ejemplo; pero son estos los que más conmueven a la sociedad. Y la gente va a ver a la Policía Judicial como la de primera intervención. Son los primeros que van a llegar al lugar del hecho, a hacerse cargo de las primeras indagaciones para poder esclarecerlo, mientras su parte científica releva la escena del crimen, los rastros y demás. Operativamente, la gente los va a ver enseguida".
"Obviamente la gente va a seguir viendo a la Policía de Seguridad, porque va a seguir llamando al 911. Pero la Policía Judicial se hará cargo inmediatamente. En otros hechos, como los propios del crimen organizado, ahí se verá menos porque la investigación no es pública sino más tecnológica, a través de teléfonos o pruebas testimoniales que se toman en una oficina. No obstante, cuando los hechos son en la vía pública, se los va a ver. La gente los va a poder evaluar", agregó Mastrorilli.
El Fiscal General se refirió a algunos delitos que son de poca gravedad, pero que en caso de ser cometidos por bandas, por organizaciones delictivas dedicadas a ellos, podrían ser investigados por la Policía Judicial en lugar de la Policía de Seguridad como hasta ahora. "Puede ser que en el Gran Buenos Aires haya bandas dedicadas a robar autos, que no es un fenómeno que se dé en nuestro departamento judicial; pero sí se puede traspolar a bandas que se ocupen de cometer distinto tipo de robos, de estafas, de hechos contra la propiedad o de otros bienes jurídicos. Cuando una piensa en crimen organizado imagina grandes estructuras, pero este concepto deberá ser adaptado a nuestras realidades departamentales. Personas que se dedican a robar motos en la vía pública podrían ser consideradas "crimen organizado" en tanto haya una organización que sustente, que produzca el hurto, luego el despiece, la venta por parte, o comercialice las motos en otras localidades. Ahí estamos en presencia de una estructura que podría ser captada por el Cuerpo de Investigadores. No hay que pensar siempre en la gran banda, sino en actividades delictivas organizadas".
LA FORMACION DEL CUERPO DE INVESTIGADORES JUDICIALES
El Fiscal General explicó que "Junín y Mar del Plata son los dos departamentos judiciales que han comenzado a conformar sus cuerpos de investigación. Son departamentos con realidades muy diferentes, pero pueden brindar una buena experiencia como pruebas piloto. Junín, por su extensión territorial; y Mar del Plata que es prácticamente una sola ciudad. Además, Junín tiene su Instituto de Investigaciones Judiciales y peritos propios del Ministerio Público Fiscal. En principio, la ley prevé que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales intervenga sólo en determinado tipo de delitos: homicidios dolosos, delitos cometidos por funcionarios públicos, y lo que llama criminalidad organizada, o crímenes complejos, en los que podría intervenir por solicitud de los fiscales".
Con respecto a la infraestructura y recursos, explicó Mastrorilli que "los recursos están dados por la ley y ya hay partidas presupuestarias para los cargos que están evaluados. También para la infraestructura edilicia. Estamos en vías de refaccionar algunas partes del viejo hospital San José para dar lugar a las oficinas de la Policía Judicial. Además hay un tema con la junta evaluadora de los recursos científicos: la Policía Científica podría pasar recursos a la Policía Judicial, e inclusive los cuerpos de peritos de la Corte podrían formar parte del Cuerpo de Investigadores Judiciales".
Consultado sobre los plazos, el Fiscal General sostuvo que "aún es muy pronto para arriesgar plazos, pero entiendo que antes de fin de año serán puestos en funciones los cargos ya concursados, o a lo sumo a principios del año que viene. En ese momento deberán analizar qué requisitos se impondrán a los aspirantes, y se pondrán a trabajar en capacitación y llamado a concurso de estas personas. Es un proceso largo. El hecho de tener el Subsecretario nombrado no significa que ya esté todo a punto de iniciarse: habrá que capacitar muy bien a quienes se encargarán concretamente de las investigaciones, porque ahí está el verdadero cambio de la ley, la labor de estos funcionarios que reemplazarán lo que hoy hace la DDI o la Dirección de Investigaciones en la calle".
POLICIA JUDICIAL Y POLICIA DE SEGURIDAD
Mastrorilli también efectuó consideraciones sobre la futura relación entre los investigadores judiciales y la Policía. "La ley prevé un cierto marco de delitos, y la Policía va a seguir actuando en el resto. La DDI no va a desaparecer, y si hubiera, por ejemplo, un robo calificado que no responde a las características de organización delictual compleja, quedaría para ser investigado en la DDI y no en el Cuerpo de Investigadores Judiciales. Pero todo esto es progresivo. Cuando la ley prevé determinados delitos, los prevé en una primera etapa. Cuando esto ya esté implementado en todos los departamentos judiciales, en una futura reforma, seguramente se los hará intervenir en todos los delitos y en ese caso desaparecería la Policía de Investigaciones. Claro que estamos hablando de varios años más para que algo así ocurra".
"Los investigadores judiciales van a tener que convivir con la Policía, pero yo no creo que vaya a haber conflictos, ni problemas de celos, ni nada por el estilo", agregó.
POLICIA VS JUSTICIA
Con respecto al ya tradicional entredicho entre la Policía y la Justicia, que se atribuyen recíprocamente responsabilidades por la ineficacia del combate contra el delito, consideró Mastrorilli que "si se habló de investigadores judiciales y se inició todo este proceso de traslado de las tareas investigativas al Poder Judicial, es porque la Policía, con sus estructuras actuales, no estaba dando las respuestas adecuadas. De ahí la necesidad de conformar la Policía Judicial. La Policía de Seguridad como auxiliar de la Justicia, y su relación con la propia Justicia, diría yo que cada uno debería hacerse cargo de lo suyo. Hay de todo en el medio: hay malas investigaciones hechas por la Policía, y también hay malos resultados desde la Justicia, insatisfacción en la gente debido a las respuestas que se pueden dar. La administración de justicia es una obligación de medio, no de resultado. Uno trata de que todo delito sea esclarecido y sean identificados los autores, pero esto no siempre es posible, no por cuestiones de desidia, ni de la Policía ni de la Justicia, sino también porque a veces hay cuestiones de prueba que provocan eso".
"Lo que sí creo es que tanto la Policía como la Justicia siempre tienen que dar una respuesta, aunque muchas veces el resultado no es el querido por todos. Pero son las reglas del juego. Nadie puede ser condenado si no hay prueba suficiente, algo que a veces excede al fiscal, a veces a los jueces, a veces hay oposición de pensamiento entre los fiscales y los jueces, y eso produce que no haya veredictos de culpabilidad, o la persona no esté detenida. Pero la administración de justicia es eso: tratar de colectar pruebas para probar un hecho y una autoría. A veces se puede, y otras no, y no todas las veces es por desidia o por ineficiencia, aunque uno recoge ese reclamo permanente de la sociedad porque se pretende, con justa razón, un ciento por ciento de efectividad, algo que no se puede brindar", expresó el Fiscal General en declaraciones reproducidas por el Portal de Rojas.
POLICIA JUDICIAL Y NARCOTRAFICO
Juan Manuel Mastrorilli explicó que "la competencia provincial es un tema que aún se está discutiendo, la desfederalización. En la ley no está previsto que esto pase al ámbito del Cuerpo de Investigadores Judiciales, aunque si se tratara de crimen organizado entraría en los parámetros de la ley y podría ser investigado. No obstante, hay que tener en cuenta que lo que es de competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial es la venta al menudeo, en cantidades escasas, lo que llamamos los "quiosquitos" de droga. El tráfico, o grandes operaciones que exceden el narcomenudeo, es de competencia federal. Es ahí donde habría que buscar las respuestas sobre este tema. Nosotros tenemos las ayudantías fiscales dedicadas a estupefacientes para estos delitos menores, pero no tendría por qué haber superposición con la Justicia Federal porque son distintos ámbitos de competencia".
SOBRE LA FUGA DE PRESOS EN ROJAS
En función del resonante caso de fuga de presos ocurrido la semana pasada en nuestra ciudad, el Fiscal General, Juan Manuel Mastrorilli, fue consultado sobre los problemas que surgen a partir de la decisión de alojar detenidos en sedes policiales.
Al respecto, señaló el funcionario que "a esto hay que entenderlo bien: una persona que se va de un lugar de detención sin ejercer violencia no es punible; el Código Penal no lo prevé como delito. Pero en este caso hay una serie de delitos cometidos por estos dos sujetos, lo cual produjo la intervención de la Fiscalía. Es un problema de larga data, la situación no es la ideal. En varias oportunidades nos hemos reunido con el Ministro de Justicia, o con el de Seguridad, y es una preocupación constante de las autoridades, de las actuales y de las pasadas. Todas las administraciones lo han manifestado, pero es un problema de muy difícil solución por los cupos carcelarios que hay".
"En lo policial, Rojas depende de la Departamental Pergamino, y justamente de esa ciudad es que llegaron esas dos personas a la comisaría. En otras dependencias policiales tenemos presos del Gran Buenos Aires también, porque los cupos no son manejados por la Justicia sino por el Poder Ejecutivo. El lugar de alojamiento lo dispone un juez, no un fiscal, aunque más allá de eso realizamos recorridas permanentes, visitas a los distintos lugares de detención, viendo la necesidad de arreglos, y demás. Pero es una problemática de muy difícil solución. Los alojamientos en comisarías están al tope, el sistema no aguanta más", dijo después.
Consideró Mastrorilli que "las personas que ya tienen medidas cautelares vigentes deberían estar en establecimientos penitenciarios, pero hay una cuestión de cupos que ni siquiera el Poder Judicial maneja. Muchas veces los jueces ordenan que los detenidos vayan a las cárceles, y eso no se cumplimenta por cuestiones de imposibilidad. Hay un montón de cosas que evaluar, pero la realidad es preocupante, sin ninguna duda".
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