Vialidad Nacional resolvió retrotraer las tarifas de los peajes de la Ruta Nacional 5, apenas dos semanas después de haber autorizado incrementos que llegaban hasta el 330%. La medida se tomó luego de que inspecciones oficiales detectaran graves incumplimientos por parte de la empresa concesionaria Pentavía, que no contaba con los recursos operativos necesarios para garantizar el mantenimiento de la traza.
La disposición alcanza a las estaciones de peaje de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, donde la empresa deberá volver a aplicar los valores anteriores al último aumento. Además, el organismo nacional anticipó que sancionará económicamente a la firma y le exigirá devolver el dinero cobrado de más a los automovilistas y transportistas.
Los motivos que obligaron a retroceder
El principal motivo de la marcha atrás fue el resultado de las inspecciones técnicas realizadas sobre los 546 kilómetros de la ruta que conectan Luján con La Pampa. Los controles constataron que Pentavía, empresa controlada por la constructora mendocina CEOSA, no disponía de maquinaria, equipos operativos ni de la cantidad mínima de trabajadores para cumplir con las tareas básicas de mantenimiento y conservación.
Es decir, la concesionaria había conseguido la autorización para aplicar un fuerte incremento en los peajes sin contar con la infraestructura necesaria para responder a las obligaciones que establece el contrato.
La situación también dejó expuestas fallas en los mecanismos de control del propio organismo nacional. Según trascendió, los plazos administrativos establecidos en el marco de la desregulación impulsada por el Gobierno aceleraron la aprobación del pedido de actualización tarifaria, sin que se hubieran completado previamente todas las inspecciones necesarias sobre el terreno.
Una vez detectadas las irregularidades, Vialidad Nacional decidió suspender el nuevo cuadro tarifario para exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales y evitar que continuaran los reclamos por los aumentos aplicados.
Ordenaron devolver el dinero cobrado de más
La resolución no solamente implica volver a los valores anteriores. También establece que la concesionaria deberá reintegrar la diferencia cobrada entre mediados de octubre y el 2 de noviembre, período durante el cual estuvieron vigentes las tarifas más elevadas.
El monto de la multa y el mecanismo que se utilizará para devolver el dinero a los usuarios serán definidos en los próximos días mediante una resolución oficial.
Con la restitución del esquema anterior, las motocicletas vuelven a estar exentas del pago. En tanto, los automóviles que abonaban $4.262,18 con TelePase pasarán a pagar $1.787,10.
La reducción también alcanza al transporte de cargas: los camiones de tres ejes pasarán de $12.786,52 a $5.361,30; los de cinco ejes, de $21.310,88 a $7.184,40; y los vehículos de ocho ejes, de $38.359,59 a $8.935,50.
Un contrato de mantenimiento, sin autovía
La rebaja tendrá carácter provisorio y se mantendrá hasta que Pentavía demuestre que cuenta con el parque de maquinarias y las cuadrillas necesarias para cumplir con sus obligaciones.
La Ruta Nacional 5 constituye un corredor estratégico para la producción agropecuaria de la región y el transporte de cargas. Por allí circulan diariamente más de mil camiones, entre ellos vehículos vinculados al traslado de arenas silíceas con destino a Vaca Muerta.
El contrato de concesión tiene una duración de 20 años y contempla exclusivamente tareas de mantenimiento y conservación. No incluye la construcción de la autovía, una obra largamente reclamada por las comunidades y los usuarios que transitan este corredor nacional.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), su coordinador, Ricardo Lasca, cuestionó duramente lo sucedido y calificó el episodio como «un verdadero papelón». Además, reclamó la puesta en funcionamiento de un organismo de control con participación de los usuarios para evitar que las empresas concesionarias puedan actuar sin controles efectivos.
La marcha atrás deja así una situación difícil de explicar: primero se autorizó una suba de hasta el 330% y después, ante la falta de condiciones básicas para prestar el servicio comprometido, el propio Estado tuvo que suspenderla y ordenar que se devuelva lo cobrado de más.