El gobierno nacional se alista para publicar un decreto inminente que transformará radicalmente el panorama de la movilidad y el transporte en Argentina. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca disolver, fusionar y reasignar las funciones de varias entidades clave. La urgencia se debe a que las facultades delegadas del ministro vencen el próximo 8 de julio.
Según publicó La Nación, el decreto implicará la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
La intención es unificar funciones que actualmente se superponen en diferentes organismos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, junto con la ANSV y la Subsecretaría de Transporte Automotor, realizan tareas similares en la prevención de accidentes. Lo mismo ocurre con la CNRT, cuyas funciones de fiscalización de talleres y supervisión de operadores de transporte ya habían sido reducidas y solapadas por otras dependencias.
Con la disolución de estas entidades, sus funciones serán absorbidas por diversos organismos y fuerzas de seguridad, incluyendo a la Secretaría de Transporte de la Nación y Gendarmería Nacional. Además, a partir de este decreto se creará la nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que se creará a partir de este decreto.
Uno de los cambios más significativos es que la Gendarmería Nacional asumirá el control de la prevención, fiscalización y sanción de infracciones del transporte terrestre en todo el territorio nacional (en jurisdicción nacional), así como en Áreas de Control Integrado y Pasos Internacionales. Esta decisión se fundamenta en la capacidad operativa y los resultados obtenidos por la Gendarmería en los últimos años. Los convenios de la disuelta ANSV y el diseño de cursos de seguridad vial pasarán a la órbita de la Secretaría de Transporte.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad ha sido un objetivo de larga data del gobierno. Con una planta de 5304 empleados (1500 de ellos jerárquicos), su desaparición implicará que el Ministerio de Economía (o la entidad que este designe) será el encargado de otorgar concesiones de obras e infraestructuras viales y servicios públicos de transporte terrestre.
Los fondos líquidos, letras del tesoro y títulos públicos de Vialidad serán transferidos a la Tesorería General de la Nación, y los créditos presupuestarios y obligaciones pasarán al Ministerio de Economía, que ahora se responsabilizará del mantenimiento de la red troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias. La planta de empleados se mantendrá temporalmente en sus cargos actuales.
Finalmente, para fiscalizar y controlar los contratos de concesión (tanto de obras viales como de líneas ferroviarias y servicios de transporte público), se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte.