El Gobierno nacional puso fin al esquema del programa Remediar y redujo de 128 a apenas seis los medicamentos incluidos en el nuevo listado de fármacos esenciales. La decisión, impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, modifica una política de acceso gratuito a medicamentos y traslada a las provincias la responsabilidad de garantizar la provisión de buena parte de los tratamientos que quedaron afuera.
El recorte alcanza a medicamentos de uso habitual para tratar enfermedades crónicas, infecciones y problemas respiratorios, entre ellos la metformina, utilizada por personas con diabetes; la levotiroxina, indicada para trastornos de la tiroides; la amoxicilina, un antibiótico, y el salbutamol, empleado para aliviar dificultades respiratorias. También quedaron excluidos los anticonceptivos, la loratadina y el fluconazol, entre otros principios activos.
El impacto puede sentirse especialmente entre las personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga y que recurrían al sistema público para sostener sus tratamientos. Para esos pacientes, la reducción de la cobertura puede significar tener que destinar parte de sus ingresos a la compra de medicamentos que antes obtenían gratuitamente, afrontar gastos que no estaban previstos o depender de la capacidad de respuesta de cada provincia y municipio.
En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, el costo de los tratamientos representa una carga adicional para los hogares con menores ingresos y para quienes necesitan medicación de manera permanente. La discontinuidad o las dificultades para acceder a esos fármacos también pueden comprometer la continuidad de tratamientos, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas.
Qué medicamentos siguen incluidos
El nuevo listado conserva únicamente seis principios activos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se trata de medicamentos vinculados principalmente con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Según los fundamentos oficiales, el cambio responde a la decisión de concentrar la política nacional de medicamentos en las enfermedades vasculares, consideradas una de las principales causas de muerte en el país. Para justificar la modificación, el Ministerio señaló que entre el 34% y el 40% de los adultos presentan hipertensión arterial y que las cardiopatías isquémicas y otras enfermedades vasculares explican entre el 28% y el 32% de las muertes.
Sin embargo, el nuevo esquema deja fuera del listado nacional una variedad de tratamientos que no se limitan a la atención cardiovascular. La provisión de esos medicamentos dependerá ahora de las decisiones presupuestarias y sanitarias de las jurisdicciones.
Las provincias deberán afrontar los medicamentos excluidos
Con el nuevo sistema, cada provincia tendrá que utilizar recursos propios para comprar los medicamentos que ya no forman parte del listado nacional. Las jurisdicciones podrán tomar como referencia el vademécum de 2021, pero deberán resolver cómo sostener la cobertura de los tratamientos que quedaron excluidos.
Este cambio abre interrogantes sobre las diferencias que podrían surgir entre provincias según sus recursos disponibles y sus prioridades sanitarias. También plantea un desafío para los municipios, cuyos centros de atención primaria suelen ser una puerta de acceso al sistema público para las personas que no pueden pagar consultas y medicamentos en el sector privado.
La reducción de la cobertura nacional no implica necesariamente que todos los medicamentos excluidos dejen de entregarse en cada jurisdicción. Su disponibilidad dependerá de las compras y de los programas que mantenga cada provincia. No obstante, la eliminación del esquema nacional reduce la garantía de provisión que tenían quienes dependían de esa política.
Un nuevo plan centrado en las enfermedades cardiovasculares
En paralelo, el Ministerio de Salud anunció el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, orientado a mejorar la prevención, la detección y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre sus objetivos figuran fortalecer las redes de atención de infartos y accidentes cerebrovasculares, establecer protocolos de derivación y tratamiento, y ampliar las acciones vinculadas con la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y el pie diabético.
La iniciativa también contempla ampliar los espacios con capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas y crear un registro nacional de desfibriladores.
Las resoluciones establecen que tanto el plan como el nuevo listado de medicamentos no implicarán erogaciones presupuestarias adicionales. El Gobierno prevé reorganizar los recursos existentes y reformular prestaciones del Programa SUMAR.
De esta manera, mientras la Nación concentra su estrategia de medicamentos en seis principios activos y pone en marcha un programa específico para la salud vascular, queda en manos de las provincias resolver cómo cubrir las necesidades que el esquema anterior contemplaba. Para quienes dependían de Remediar, la principal preocupación será si podrán seguir accediendo a sus tratamientos sin que el costo recaiga directamente sobre sus bolsillos.