El senador bonaerense del PRO y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, cuestionó el aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof y lanzó una frase que contrasta con varias de las decisiones políticas que defendió y aplicó durante su trayectoria: “No se puede exigir cada vez más plata al vecino”.
Petrecca realizó el planteo luego de que la tarifa básica de la VTV pasara a $114.105,99, con un incremento del 17,56%, tras permanecer suspendida su actualización durante 90 días. El legislador sostuvo que el aumento encarece un trámite obligatorio y cuestionó que el Gobierno provincial no avance hacia un sistema más accesible, con mayor cantidad de prestadores y menos dificultades para quienes viven lejos de las plantas verificadoras.
“El Estado tiene que ser puente, no obstáculo. No podemos exigirle cada vez más plata y más tiempo al vecino cuando existen alternativas para ofrecer un servicio mejor, con mayor competencia y más cercano a cada localidad”, afirmó el senador.
El reclamo puede resultar atendible frente al costo de un trámite obligatorio. Sin embargo, la misma preocupación por el bolsillo de los bonaerenses también puede aplicarse a otras decisiones que impactan directamente en la economía cotidiana de los juninenses.
Zona Fría: defendió la eliminación de un beneficio para los usuarios de gas
Uno de los principales contrastes aparece en la posición de Petrecca frente a la eliminación del régimen de Zona Fría, que permitía acceder a descuentos del 30% y el 50% en las facturas de gas.
El senador respaldó la modificación del sistema con el argumento de que el beneficio no debía alcanzar a personas con capacidad económica para afrontar el costo del servicio. En sus declaraciones, cuestionó que recibieran descuentos usuarios a los que describió con el ejemplo de quienes tenían “piletas climatizadas”.
La reforma aprobada por el Senado nacional el 24 de septiembre dejó a Junín fuera del régimen general de bonificaciones territoriales. La medida afecta a casi 30.000 usuarios residenciales de la ciudad que contaban con descuentos en sus facturas, además de hogares de numerosas localidades del interior bonaerense.
Desde Grupo Servicios Junín se había advertido que la pérdida del beneficio podía provocar aumentos de hasta el 50% en las facturas, según el consumo y las características de cada usuario.
De esta manera, miles de familias podrían tener que destinar más dinero a calefaccionar sus hogares, precisamente en una región donde las temperaturas invernales convierten al gas en un servicio esencial.
La contradicción es evidente: mientras Petrecca sostiene que “no se puede exigir cada vez más plata al vecino”, defendió una modificación que implica retirar un beneficio que reducía el costo del gas para miles de usuarios de su propia ciudad y de la región.
La tasa de alumbrado público pasó del 18% al 25%
El otro antecedente está en su propia gestión municipal. Durante su paso por la Intendencia, Petrecca impulsó un aumento de la tasa de alumbrado público que se cobra a través de la factura de electricidad.
La alícuota pasó del 18% al 25% sobre el consumo neto gravado para los usuarios residenciales de la categoría T1, incrementando el peso de ese concepto en las boletas que pagan los hogares.
La tasa volvió a quedar bajo cuestionamiento durante 2026, cuando desde el Concejo Deliberante se impulsaron pedidos de informes para conocer cuánto recauda el Municipio, cuál es el destino de los fondos y qué fundamentos justifican el porcentaje vigente.
También se plantearon interrogantes sobre el ahorro que generó la incorporación de luminarias LED y si esa mejora se tradujo en algún alivio para los contribuyentes.
El mecanismo tiene otra particularidad: al calcularse sobre el consumo eléctrico, el monto en pesos puede aumentar cuando sube el costo de la energía, aunque la alícuota se mantenga sin modificaciones.
Así, la factura de luz no solamente refleja el precio del servicio, sino también un tributo municipal cuya alícuota fue elevada durante la gestión de Petrecca.
El recargo sobre los combustibles suma otra carga
A ese escenario se agrega la Tasa Complementaria de Seguridad Policial que cobra el Municipio de Junín vinculada a la comercialización de combustibles.
El recargo representa otro costo asociado al consumo de nafta y gasoil, que puede repercutir en los gastos de quienes utilizan vehículos particulares y en los costos del transporte y la distribución de mercaderías. No todas las localidades bonaerenses aplican un tributo equivalente bajo el mismo esquema.
La tasa continúa vigente y forma parte de la política tributaria municipal. En un contexto de combustibles caros y pérdida de poder adquisitivo, su impacto también merece ser evaluado cuando se discute cuánto dinero deben destinar los vecinos a sus gastos cotidianos.
No se trata de equiparar un impuesto municipal con una tarifa provincial ni de desconocer que cada medida tiene características distintas. El punto es la coherencia del discurso político: si el criterio es que no se debe cargar cada vez más a los ciudadanos, ese principio debería aplicarse también a los tributos y a las decisiones que encarecen servicios esenciales.
Un reclamo que también debería mirar a Junín
La crítica de Petrecca al aumento de la VTV se apoya en una preocupación concreta: el costo de cumplir con una obligación y la necesidad de que el Estado facilite los trámites en lugar de convertirlos en una carga adicional.
Pero los vecinos también pagan las facturas de gas y electricidad, necesitan combustible para trabajar y afrontar sus actividades cotidianas, y deben hacer frente a los tributos que cobran los municipios.
En ese escenario, el respaldo del senador a la quita de Zona Fría, el aumento de la tasa de alumbrado público durante su gestión y la continuidad del recargo sobre los combustibles dejan planteada una pregunta incómoda para el dirigente del PRO.
Si “no se puede exigir cada vez más plata al vecino”, ¿por qué ese principio no tuvo el mismo peso frente a decisiones que también incrementan los gastos de los juninenses?
El bolsillo de los ciudadanos no distingue entre una tarifa provincial y un tributo municipal. La diferencia está en quién toma la decisión y quién termina pagando sus consecuencias.