Tras un empate en la votación (10 a 10) y por definición del voto doble de la presidencia del Concejo Deliberante, no fue aprobada la emergencia tarifaria que se debatió en la sesión realizada este mediodía en el auditorio del Museo Municipal de Arte "Angel María de Rosa".
La iniciativa, propuesta por Unidad Ciudadana y acompañada por el Frente Renovador, establecía declarar la emergencia tarifaria "en materia energética (luz ) en el Partido de Junín por el lapso de un año.
La misma iniciativa establecía declarar "la Emergencia Tarifaria en materia energetica (gas) en el partido de Junín por el lapso de un año" e instaba "al Departamento Ejecutivo Municipal a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales de todos los habitantes de nuestro distrito" (art. 3).
El artículo cuarto de la normativa que fue rechazada establecía "instar al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos del corriente año y la prohibición de nuevos incrementos durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada en el artículo 1°" e informar "a la Subsecretaria de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Energía, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación".
LOS FUNDAMENTOS DE LA EMERGENCIA
Los fundamentos del proyecto de ordenanza rechazado estaban basados en "el exponencial aumento de las tarifas de los servicios públicos esenciales Luz y Gas, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional desde Diciembre del 2015 a la actualidad"
Además los concejales de Unidad Ciudadana consideraban que "los servicios públicos domiciliarios de Luz y Gas son indispensables para garantizar el derecho a la salud y la vida digna, y que están expresamente comprendidos dentro del derecho a una vivienda adecuada expresado en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU".
Agregan que "el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló en la Observación General N° 4 que una vivienda adecuada “debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición” y que “todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.
Sostienen los autores de la iniciativa rechazada que "los aumentos de Luz y Gas autorizados por el Poder Ejecutivo a nivel Nacional, desde diciembre de 2015, acumula un extraordinario incremento que van desde los 1.300 por ciento hasta en algunos casos 11.000 por ciento incluyendo el último ajuste de febrero y el aplicado desde este mes para el gas" y que "estos aumentos son muy superiores a la suba de los ingresos de la población, lo cual conduce inexorablemente a la pobreza energética, dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a esos gastos".
Afirmaron también que "los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables, por lo que la falta de acceso implica directamente que la calidad de vida de la población se vea resentida de manera drástica".
Sostuvieron que "los afectados por los aumentos de tarifas de servicios públicos no son sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores como clubes de barrio, centros culturales, teatros, comedores y merenderos, sindicatos y sus centrales, empresas recuperadas, comercios, cooperativas y pymes; entre otros" y que "resulta necesario una intervención del Estado y los organismos de control en pos de regular los aumentos desmedidos a que se hace referencia".
Agregaron en los fundamentos de la iniciativa que fue rechazada por mayoría que "en relaciòn al aumento de la tarifa de gas la Asociaciòn Civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) ha presentado un amparo por el que se pedirá la suspension del aumento por su manifiesta inconstucionalidad. Cepis reclama a la justicia la anulación de 10 resoluciones del Enargas de la nº 300 a la 309 porque serian violatorios de 6 articulos de la Constitución, 1º, 14º, 16º 17º, 42º y 75 inciso 22. También reclamará que se ordene al Enargas que proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios, a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicten las sentencias de fondo en los presentes obrados".
"Cada vez son más las familias de nuestro distrito que no pueden pagar sus facturas; como así también las industrias y comercios que tiene que cerrar sus puertas o se ven obligados a restringir empleos por el mismo motivo; e incluso clubes de barrio e instituciones intermedias que se les hace muy difícil afrontar tal incremento, lo que podría llevar a limitar sus actividades o bien endeudarse, para intentar sobrevivir", expresaron los concejales de Unidad Ciudadana.
"Resulta necesario y urgente dictar una norma para frenar la desmesura en los aumentos de las tarifas en los servicios públicos, porque las medidas económicas decididas por el Gobierno Nacional van a traer como consecuencia, entre otras cosas antes nombradas, la imposibilidad para cientos de usuarios juninenses de hacer frente al pago de las tarifas y por consiguiente a la utilización de los servicios" y que "finalmente, queremos resaltar que dicha política tarifaria es contraria a lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Numero 4º: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del Art 11 del Pacto) y al Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU".