La paralización de obras de infraestructura hídrica por parte del Gobierno nacional vuelve a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires, en un escenario marcado por los pronósticos de precipitaciones superiores a lo normal para los próximos meses. En el noroeste bonaerense, donde los anegamientos pueden afectar la producción agropecuaria, los caminos rurales y la actividad cotidiana de las localidades, la demora de los trabajos sobre la cuenca del río Salado representa uno de los puntos centrales de preocupación.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que, de las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, 15 fueron suspendidas o canceladas durante la gestión de Javier Milei. Ocho continúan en ejecución y solamente una figura como finalizada.
Los contratos correspondientes a las obras interrumpidas suman $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del monto total de la cartera relevada, que asciende a $364.814 millones. El diagnóstico expone el alcance de la interrupción de proyectos destinados a prevenir inundaciones, mejorar los desagües y reducir los daños provocados por lluvias intensas.
La cuenca del Salado, una obra estratégica para la región
Uno de los datos más relevantes para el noroeste bonaerense es el escaso avance de las obras de ampliación de la cuenca del río Salado. Según el relevamiento de CEPA, los tres subtramos analizados presentan niveles de ejecución del 0%, el 6,7% y el 18,8%, pese a que concentran contratos por $163.131 millones.
Se trata de una infraestructura considerada estratégica para mejorar el escurrimiento del agua en una extensa zona de la provincia y reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Las demoras mantienen pendientes trabajos que tienen incidencia sobre el comportamiento hídrico regional y sobre áreas productivas expuestas a períodos prolongados de anegamiento.
La situación adquiere especial relevancia para los distritos del noroeste bonaerense y la Cuarta Sección Electoral, donde las inundaciones pueden comprometer la actividad agropecuaria, dificultar la circulación por caminos rurales y generar pérdidas económicas. La falta de avances en una obra de alcance regional vuelve a poner en discusión la capacidad de prevención ante eventuales episodios de lluvias abundantes.
El informe, sin embargo, no establece que todos los municipios de la Cuarta Sección estén afectados directamente por cada uno de los tramos relevados. El impacto concreto depende de la ubicación de las obras, las características de cada subcuenca y las condiciones locales. Lo que sí queda expuesto es la demora de una infraestructura de importancia para el manejo hídrico de la provincia.
Quince obras suspendidas o canceladas
El panorama general del Fondo Hídrico muestra que una parte considerable de los proyectos financiados quedó sin continuidad. De las 15 obras suspendidas o canceladas, 13 tienen sus convenios rescindidos y dos permanecen neutralizadas.
Entre los trabajos interrumpidos se encuentran intervenciones destinadas a mejorar desagües pluviales, colectores y canales en distintos municipios bonaerenses. En Marcos Paz, por ejemplo, los desagües de la avenida Libertad quedaron detenidos con un avance del 40%, mientras que el colector pluvial de avenida Rivadavia y la ruta provincial 200 registra un avance informado del 0%.
En La Matanza, las obras del barrio Los Ceibos alcanzaron el 64% de ejecución antes de quedar interrumpidas. También figuran los desagües del barrio Don Orione, en Florencio Varela, que no registraban ejecución, y el mejoramiento del canal El Molino, en Esteban Echeverría.
A esa lista se suma el colector pluvial de avenida Balbín, en General Rodríguez, que permanece neutralizado con un avance del 15,8%.
Aunque estos proyectos se encuentran fuera del noroeste bonaerense, ilustran la extensión de las demoras en la infraestructura destinada a prevenir inundaciones. En todos los casos, la interrupción deja trabajos pendientes que debían contribuir a reducir los efectos de las precipitaciones intensas.
Los fondos ingresan, pero las obras no avanzan al mismo ritmo
Uno de los aspectos más cuestionados por CEPA es la diferencia entre los recursos que recibe el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y el dinero que efectivamente se destina a pagar trabajos.
El fondo fue creado en 2001 mediante el Decreto 1381/01 y se financia, entre otros recursos, con una proporción del impuesto a los combustibles. Su objetivo es financiar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas.
Sin embargo, los datos del informe muestran una ejecución limitada durante los últimos años. En 2024, el fondo recibió $191.610 millones, medidos en pesos de 2026, pero los pagos por obras alcanzaron apenas $22.112 millones, alrededor del 12% de los ingresos.
En 2025, los desembolsos para infraestructura fueron de $57.777 millones, frente a una recaudación de $262.674 millones, lo que representó una ejecución del 22%.
Entre enero y mayo de 2026 ingresaron $157.383 millones y se pagaron obras por $61.082 millones, equivalente al 39% de los recursos recibidos durante ese período.
En conjunto, entre 2024 y mayo de 2026 el Fondo Hídrico acumuló ingresos por $611.667 millones, pero destinó $140.971 millones al pago de infraestructura. Es decir, solamente 23 de cada 100 pesos ingresados se tradujeron en pagos por obras.
La mayor parte de los recursos está colocada en Letras del Tesoro
El informe también pone el foco en el destino de los fondos que no se utilizaron para financiar trabajos. Al 1 de junio de 2026, el Fondo Hídrico tenía $339.993 millones en disponibilidades e inversiones financieras.
De ese total, $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables, mientras que otros $49.069 millones se encontraban en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos. De esta manera, el 85,5% de los recursos informados estaba invertido en deuda del Tesoro.
La comparación entre los intereses obtenidos y los desembolsos para infraestructura también resulta significativa. Entre enero y mayo de 2026, el fondo cobró $59.747 millones en intereses por sus inversiones en Letras del Tesoro, una cifra cercana a los $61.082 millones que destinó al pago de obras en el mismo período.
Para CEPA, esta dinámica evidencia que el instrumento creado para financiar infraestructura hídrica funciona en buena medida como una fuente de financiamiento del Tesoro nacional, mientras permanecen pendientes proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones.
Lluvias superiores a lo normal y suelos con elevada humedad
La demora de las obras coincide con un escenario climático que requiere atención. Según el informe, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones superiores a lo normal durante el último trimestre de 2026 en el Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste bonaerense, además de una tendencia similar para el centro-este de la provincia.
A su vez, los datos de la Autoridad del Agua indicaban que, al 14 de agosto, sectores del centro, este y noreste bonaerense presentaban niveles de humedad del suelo superiores al 45%, condición que el relevamiento considera compatible con la saturación. Al cierre de julio, 58 de los 92 municipios que reportan a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado su promedio de precipitaciones acumuladas.
Estos indicadores corresponden a períodos específicos y no permiten anticipar por sí solos qué municipios se inundarán. Sin embargo, muestran un contexto que refuerza la importancia de contar con infraestructura adecuada para facilitar el escurrimiento y reducir los daños ante nuevas lluvias.
En el noroeste bonaerense, la preocupación se vincula con la necesidad de evitar que las precipitaciones vuelvan a afectar campos, caminos rurales y accesos a localidades. Cuando las obras de regulación hídrica permanecen incompletas, la región continúa expuesta a las consecuencias de los excesos de agua.
Créditos internacionales que siguen sin ejecutarse
El diagnóstico de CEPA también señala demoras en el financiamiento internacional destinado a prevenir inundaciones. El 9 de agosto de 2023 se aprobó el modelo de contrato de un préstamo del Banco Mundial por 200 millones de dólares para el Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas. Sin embargo, la cartera de financiamiento internacional del Ministerio de Economía registraba una ejecución del 0%.
A esta situación se suma el reclamo del Gobierno bonaerense por el bloqueo de avales nacionales para créditos internacionales por 620 millones de dólares destinados a obras consideradas críticas.
Entre los proyectos mencionados por la Provincia se encuentran el túnel aliviador de la cuenca San Francisco-Las Piedras, por 350 millones de dólares, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital, por otros 270 millones.
El Gobierno provincial sostiene que esos recursos permanecen frenados, mientras que la Nación avanzó con la aprobación de 18 créditos por 1.973 millones de dólares para proyectos en otras diez provincias.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre la administración nacional y la bonaerense en torno al financiamiento de obras de infraestructura y la distribución de los recursos destinados a reducir riesgos ambientales y urbanos.
Una preocupación que va más allá de las cuentas públicas
El freno a las obras hídricas tiene consecuencias que exceden la ejecución presupuestaria. En una región como el noroeste bonaerense, donde la producción agropecuaria y la conectividad rural dependen en buena medida del comportamiento del agua, la continuidad de los trabajos sobre la cuenca del Salado es una cuestión central para la economía y la vida cotidiana.
Los datos relevados por CEPA muestran que una parte importante de las obras financiadas por el Fondo Hídrico fue suspendida o cancelada durante la gestión de Javier Milei, mientras los desembolsos para infraestructura se mantienen por debajo de los ingresos del fondo y una proporción significativa de los recursos permanece colocada en instrumentos financieros.
Con los pronósticos de lluvias superiores a lo normal para los próximos meses, la demora de los proyectos vuelve a generar preocupación en la provincia. Para el noroeste bonaerense, el desafío es que las obras pendientes avancen antes de que nuevos episodios de precipitaciones intensas vuelvan a poner a prueba la capacidad de respuesta de la región frente a las inundaciones.
Fuente latecla