Como informó JUNINDIGITAL, el año 2017, donde el intendente Pablo Petrecca debe poner en la consideración pública la primera parte de su gobierno ya que este año se renueva la mitad del Concejo Deliberante, no comenzó de la mejor manera para la administración de Cambiemos.
A la difusión de los audios sobre el "apriete" sufrido por la contadora Natalia Donatti para que deje su puesto de contadora municipal y donde el intendente deja en evidencia su voluntad de "tranzar" con el Frente para la Victoria a partir del pago de dos subsidios para que se apruebe su desplazamiento, se suma también la desaparición y eventual adulteración del expediente vinculado al convenio con la Universidad de Buenos Aires y que en este caso pone en el centro de la escena a las abogadas Agustina De Miguel -actual subsecretaria de Gobierno que será ascendida a secretaria de Gobierno en reemplazo de Martín Beligni- y de Lía Castratovich, concejal y presidenta de la comisión de Legislación del cuerpo deliberativo comunal.
Todo esto derivo en una denuncia penal por la posible comisión de delito de adulteración de instrumento público y sustracción irregular de un expediente administrativo. Esto fue denunciado por el presidente del Concejo Deliberante Patricio Fay ante el fiscal general del Departamento Judicial Junín, doctor Juan Manuel Mastrorilli.
El expediente denunciado lleva el número 4059-5704 y fue recibido en el Concejo Deliberante el 7 de diciembre de 2016 -fecha de inicio del mismo-. A partir de ese día siempre estuvo en poder del propio Concejo Deliberante, conforme se acredita con copia del Circuito de Expedientes, extraído del sistema de registro municipal.
El mismo día de arribo del expediente, la empleada de Secretaría del Concejo, Judith Lorca, sacó fotocopia íntegra del mismo y se lo entregó en mano al doctor Fay, juego de fotocopias que fue presentado como prueba de la denuncia.
El jueves 22 de diciembre hubo reunión de comisión de Legislación, que preside la concejal Lía Castratovich, en dónde se trató el referido expediente. Una de las observaciones formuladas por algunos concejales en esa reunión interna del Concejo Deliberante fue que el convenio firmado por el intendente Pretecca y la facultad de Ciencias Económicas de la UBA carecía de fecha.
Dicha omisión resulta grave en virtud de pagos millonarios efectuados a costa del erario público y por entrar en colisión con el artículo 192 inciso 5º de la Constitución provincial, artículo 159 de la Carta Magna provincial, artículos 65 y 66 del Decreto Ley Nº 6.769/58 (LOM),arts. 1, 19, 23 de la Ley 10869, sgts y ccds..
Los concejales intervinientes en esa reunión y que observaron el convenio por esa y otras deficiencias son Claudio Martinez, Maximiliano Berestein, Carolina Echeverría, Hugo Talani y Santiago Aguiar.
Atento a la falta de acuerdo entre los concejales de los distintos bloques sobre el convenio, la presidente de la Comisión, concejal Lía Castratovich, fijó fecha para que continúe la reunión el lunes 26 de diciembre, cosa que efectivamente ocurrió.
Con profunda sorpresa, apenas iniciada la nueva reunión de comisión, los concejales intervinientes advirtieron que el expediente, entre una y otra reunión de comisión, había sido modificado en forma irregular. Llamativamente minutos antes se había apersonado en dependencias del Concejo Deliberante, la secretaria de Gobierno Agustina De Miguel con el expediente en su mano.
"Lo hechos descriptos presentan dos situaciones extremadamente graves y que posiblemente configuran delitos penales de orden público -dice el texto de la denuncia a la que tuvo acceso JUNINDIGITAL y que está siendo investigado por el fiscal general del Departamento Judicial Junín doctor Juan Manuel Mastrorilli- : La sustracción furtiva del expediente que se encontraba en poder y custodia del Concejo Deliberante y la consecuente adulteración del referido expediente administrativo.
Fay expuso en la denuncia que "es responsabilidad de los funcionarios públicos preservar la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos en cuanto a forma y contenido y la confianza
colectiva de la sociedad de poder considerar un bien protegido a la documentación pública. Deberá considerarse el agravamiento de la pena que establece el artículo 298 del Código Penal cuando el delito fuere ejecutado por un funcionario publico en abuso de funciones".
Vale mencionar que dicho artículo establece que "cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo -falsificación de documentos en general-, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena".
Como elementos probatorios, se ofrece la declaración testimonial de los concejales Claudio Martinez, Maximiliano Berestein, Carolina Echeverría, Hugo Talani y de los empleados del cuerpo deliberativo comunal Judith Lorca y Santiago Berestein.
También se acompañan a la denuncia la fotocopía de expediente original llegado con fecha 07/12/2016 al Concejo Deliberante; la fotocopia de expediente sustraído irregularmente y luego devuelto adulterado al Concejo Deliberante con fecha 26/12/2016; el detalle del Circuito de Expedientes municipal que acredita que el expediente fue sacado irregularmente de dependencias del Concejo, pues formalmente nunca salió de su ámbito desde su arribo y la copia de DNI del concejal Patricio Fay y certificacion del cargo de concejal del suscripto.
El presidente del Concejo solicita que "se tenga por presentada la denuncia por posible comisión de delito de adulteración de instrumento público y de sustracción irregular de expediente administrativo a fin de cometer el delito antedicho y se inicie de inmediato la instrucción profundizando las líneas investigativas con celeridad atento a la gravedad de los hechos en cuestión".