La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto impulsado por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, que habilita a los 135 municipios de la provincia a reasignar recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras de infraestructura hídrica ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.
La iniciativa generó cuestionamientos de entidades representativas del agro, que advirtieron sobre el riesgo de desfinanciar la conservación de la red vial rural al permitir que esos fondos se destinen a otras obras.
El proyecto contempla la posibilidad de utilizar los recursos para trabajos de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico, entre otras intervenciones.
Entre los legisladores que acompañaron la propuesta en el Senado bonaerense se encuentra Pablo Petrecca, senador del PRO y exintendente de Junín. Su voto tiene una implicancia directa para el distrito, ya que la nueva normativa también habilita al intendente Juan Fiorini, su cuñado, a decidir si destina esos recursos a obras hídricas o si mantiene su asignación original para los caminos rurales.
En ese contexto, el mensaje que Petrecca publicó en sus redes sociales por el 81° aniversario de la Sociedad Rural de Junín abrió un contraste entre su posicionamiento legislativo y sus expresiones públicas hacia el sector agropecuario.
“¡Felices 81 años, @RuralJunin!”, escribió el senador, antes de destacar el papel de la actividad agropecuaria en la economía bonaerense. “El campo es uno de los grandes motores de la Provincia de Buenos Aires: genera trabajo, impulsa nuestras economías regionales y abre oportunidades para miles de familias”, sostuvo.
Finalmente, Petrecca llamó a “seguir trabajando juntos por una provincia que acompañe y potencie a quienes producen y hacen crecer nuestro país”.
El mensaje contrasta con el respaldo del legislador a una norma cuestionada por entidades del agro, que advierten sobre las consecuencias de desviar recursos destinados a garantizar la transitabilidad de los caminos rurales, una infraestructura clave para la producción, el traslado de la cosecha y el funcionamiento de las economías del interior bonaerense.