En medio de la creciente preocupación por las estafas, extorsiones y delitos organizados desde unidades penitenciarias, el senador bonaerense Pablo Petrecca (PRO) presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el actual esquema por un sistema institucional de comunicación controlado por el Estado.
La iniciativa del exintendente de Junín se conoce pocos días después de que la senadora bonaerense Malena Galmarini, del Frente Renovador, avanzara con una propuesta en la misma línea: restringir el uso de teléfonos móviles en las cárceles e instalar inhibidores de señal para impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos.
Con matices en sus enfoques, ambos proyectos comparten un mismo diagnóstico: el sistema penitenciario bonaerense no puede seguir permitiendo que desde el interior de las cárceles se concreten maniobras delictivas.
En el caso de Galmarini, la legisladora planteó la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias de la provincia en un plazo máximo de 180 días, además de controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de celulares.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la dirigente del Frente Renovador al presentar su proyecto.
Por su parte, la propuesta impulsada por Petrecca pone el foco en modificar de raíz el esquema actual de comunicaciones, que todavía se rige por el protocolo de emergencia sanitaria implementado en 2020 durante la pandemia.
Según plantea el legislador del PRO, ese sistema sigue vigente para unos 49.000 detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense, pese a que fue concebido como una medida excepcional y sin contar con una ley específica ni control legislativo.
Un sistema cerrado y supervisado
En lugar del uso libre de dispositivos, el proyecto de Petrecca propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que permitiría a las personas privadas de la libertad comunicarse únicamente con contactos previamente registrados y verificados.
Ese esquema excluiría el acceso a internet abierto, redes sociales y otras herramientas digitales no autorizadas, con el objetivo de garantizar un sistema de contacto con el exterior bajo supervisión estatal.
De esta manera, el senador busca dar una respuesta institucional a una problemática que desde hace tiempo genera alarma tanto en la Justicia como en las fuerzas de seguridad: el uso de celulares dentro de cárceles para concretar estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y otras maniobras delictivas.
Aunque provienen de espacios políticos distintos, tanto Petrecca como Galmarini coinciden en la necesidad de endurecer los controles y revisar el modelo actual de comunicación dentro del sistema penitenciario bonaerense.
El debate ahora quedará en manos de la Legislatura, donde ambas iniciativas podrían abrir una discusión más amplia sobre seguridad, control carcelario y el rol del Estado frente a un fenómeno que hace tiempo dejó de ser excepcional.