Un sorpresivo fallo del Juzgado Federal de Campana ha traído un respiro temporario a cientos de familias juninenses. La decisión judicial puso un freno a la intención del Gobierno nacional de reemplazar el programa "Volver al Trabajo" por un nuevo esquema de capacitación que eliminaba el beneficio monetario directo. De esta manera, se mantendrá vigente el pago mensual de $78.000 por beneficiario, al menos de manera transitoria.
En nuestra ciudad, el impacto de esta medida es directo y cuantificable. Según estimaciones basadas en el padrón local, existen aproximadamente 900 beneficiarios que actualmente perciben esta asistencia. Para este universo de juninenses de entre 18 y 59 años, el programa funciona como el "último dique de contención" frente a una situación de indigencia cada vez más acuciante.
El impacto en los comercios de barrio
Más allá del alivio individual, la noticia tiene una fuerte lectura económica para la ciudad. El sostenimiento de estos pagos asegura que una masa monetaria cercana a los $70 millones mensuales continúe circulando en el mercado interno de Junín.
Especialistas locales coinciden en que este dinero se vuelca de forma casi inmediata al consumo de alimentos y productos de primera necesidad, beneficiando principalmente a los almacenes y comercios de proximidad en los barrios periféricos, donde el flujo de estos programas sociales sostiene gran parte de la actividad comercial diaria.
Un futuro en suspenso
El conflicto se desató tras la publicación de la Resolución 295/2026, mediante la cual la cartera que dirige Sandra Pettovello pretendía migrar a los beneficiarios al nuevo plan "Formando Capital Humano". Este nuevo esquema propone más de 4.300 cursos de formación pero, a diferencia del anterior, no contempla la transferencia de fondos.
El fallo judicial otorga ahora un plazo de tres días al Ministerio de Capital Humano para garantizar que no haya cortes en los pagos. Si bien la intervención no resuelve la cuestión de fondo, suspende la baja del programa hasta que se analice la legalidad del cambio de esquema.
Por el momento, las 900 familias juninenses vinculadas al programa seguirán percibiendo el ingreso, mientras la incertidumbre persiste sobre qué pasará una vez que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la política social del gobierno de Javier Milei.