Los integrantes de la seccional local de SUTEBA se concentraron este lunes en las puertas de las oficinas de la ANSES en Junín para visibilizar un reclamo que se replicó en toda la provincia de Buenos Aires. La protesta se centró en la exigencia de la inmediata devolución de los recursos que el Estado Nacional adeuda al Instituto de Previsión Social. Según explicaron los dirigentes sindicales durante la movilización, el Gobierno Nacional ha interrumpido las transferencias obligatorias desde diciembre de 2023, acumulando una deuda que ya supera los 2 billones de pesos y que asfixia financieramente a la caja de jubilaciones provincial.
Desde el sindicato docente manifestaron que esta falta de pago representa una violación directa a la normativa vigente, ya que esos fondos no pertenecen al Ejecutivo Nacional sino que son recursos propios de las y los bonaerenses destinados a sostener el sistema previsional. Para SUTEBA, esta maniobra de desfinanciamiento esconde un objetivo mayor que es avanzar hacia una armonización de las cajas o un traspaso a la órbita nacional. Advierten que esto afectaría directamente la edad jubilatoria y los haberes de miles de trabajadores de la educación, policías y empleados municipales que hoy dependen de un sistema solidario y de reparto.
La jornada en Junín culminó con la lectura de un comunicado oficial donde se reafirmó la voluntad de profundizar las acciones gremiales en caso de no obtener respuestas. Los dirigentes locales remarcaron que defenderán de forma irrestricta la autonomía del IPS frente a lo que consideran políticas de ajuste que amenazan los derechos adquiridos tanto de los jubilados actuales como de los futuros beneficiarios. El conflicto promete escalar en las próximas semanas, mientras los gremios apuntan a la Casa Rosada como el único responsable de la crisis que atraviesa la previsión social en el territorio bonaerense