El Concejo Deliberante de Junín aprobó de manera definitiva la creación del Procedimiento Municipal de Protección, Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas, una herramienta que busca brindar acompañamiento a vecinos y familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
La iniciativa fue impulsada, entre otros autores, por la concejala Maia Leiva, quien destacó la aprobación de la ordenanza y sostuvo que el municipio debe intervenir ante una problemática que, según planteó, afecta cada vez a más hogares.
“Discutimos un problema que atraviesa a muchas familias de Junín y de todo el país, y que tiene un responsable directo: el modelo de ajuste económico de Javier Milei”, afirmó Leiva.
La concejala describió un escenario en el que, ante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los gastos cotidianos, muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. “Hay familias que usan la tarjeta para comprar alimentos, piden un préstamo para pagar la luz o toman una deuda nueva para cancelar la anterior”, señaló.
En ese contexto, Leiva advirtió que el crecimiento de la mora modificó el rol que tradicionalmente tenía el crédito para los hogares. “Dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchas familias, en un recurso de supervivencia cotidiana”, sostuvo.
Una herramienta de asistencia desde el municipio
A partir de la nueva ordenanza, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) será la encargada de llevar adelante los procedimientos de protección y acompañamiento para las personas afectadas.
El mecanismo contempla, en primer lugar, una evaluación de la situación crediticia de cada vecino en un plazo de hasta 72 horas. A partir de ese análisis, se podrá convocar a las entidades financieras para determinar el origen y el monto real de las obligaciones.
La norma también establece mecanismos para promover planes de reestructuración, mediante acuerdos conciliatorios que contemplen la capacidad real de pago de cada familia. Entre las alternativas previstas se encuentran la reducción de intereses punitorios y la consolidación de los saldos adeudados.
Otro de los aspectos centrales es la protección frente a las prácticas de cobro abusivas. La ordenanza establece límites para las comunicaciones de los acreedores, prohibiendo llamadas fuera del horario de 9 a 20 y durante días inhábiles, además de impedir amenazas en los lugares de trabajo o comunicaciones dirigidas a familiares y allegados del deudor.
El procedimiento también incorpora pautas vinculadas al crédito responsable, con mayores exigencias de transparencia para las entidades crediticias y una protección prioritaria para personas y sectores considerados hipervulnerables.
“No borra las deudas ni promete soluciones mágicas”
Leiva remarcó que la nueva herramienta no implica eliminar las obligaciones contraídas, sino generar un marco institucional para que quienes se encuentran sobreendeudados puedan afrontar la situación con asesoramiento y condiciones más razonables.
“Esta ordenanza no borra las deudas ni promete soluciones mágicas. Establece reglas y crea un marco de acompañamiento para que ningún vecino tenga que enfrentar solo una situación angustiante”, afirmó.
Finalmente, la concejala planteó que el Estado municipal debe asumir un rol activo frente a un fenómeno que, según sostuvo, está directamente relacionado con las dificultades económicas que atraviesan los hogares.
“Cuando el mercado convierte las necesidades básicas en deuda, el Estado municipal debe transformar la desprotección en una respuesta concreta”, concluyó Leiva.