El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires indicó que "no corresponde que el Departamento Ejecutivo contrate "con fondos públicos" una auditoría externa" como lo hizo el gobierno municipal que firmó un convenio de asistencia técnica con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires convalidado por ordenanza 7093/17 servicio contratado por un monto de 635 mil pesos.
Esto fue dado a conocer en una conferencia de prensa brindada por los concejales y precandidatos del Frente Renovador donde llevó "la voz cantante" la ex contadora municipal Natalia Donati y actual edil del massismo. "Esperamos que la Justicia también actúe y vea si hubo corrupción, que lo analice. Esto fue apoyado por los bloques del Frente para la Victoria, Cambiemos y Concertación Plural de Marcelo García que hoy integra la lista de precandidatos de Cambiemos", dijo Donati.
La concejal de 1País aclaró que "la Municipalidad cuenta con controles internos como es el Director de Presupuesto, Director de Patrimonio para los bienes y el contador municipal para los gastos. No se puede contratar este servicio con fondos públicos, sí con fondos privados y pagarlo desde el bolsillo del intendente".
Esto trae aparejado una multa para el intendente y los concejales que aprobaron la ordenanza convalidando este convenio con la Facultad de Ciencias Económicas.
A su vez, el concejal Patricio Fay dijo que "cuando elevan el expediente del Ejecutivo al Concejo Deliberante, con un convenio que no tenía fecha cierta, desde el bloque hicimos esa salvedad como también en cuanto al contenido e ilegalidad del gasto. Ese expediente fue sustraído del Concejo Deliberante en forma subrepticia. Funcionarios del Ejecutivo sacaron el convenio que estaba en el expediente, pusieron otro, cambiando la fecha, para darle sustento a este pago irregular que hoy observa el Tribunal de Cuentas. Eso fue puesto en conocimiento de la Justicia pero no hay resolución al respecto".
Destacó Fay que "más allá de lo que diga la Justicia lo cierto es que esto es de una gravedad institucional inusitada. Nunca se vio en Junín una maniobra de esta naturaleza: con un delito gravísimo como es la sustracción y adulteración de instrumento público se pretende ocultar otro delito como es la malversación de fondos públicos".
"La valentía de Natalia (Donati) al negarse, en su momento, a negarse a avalar este gastos, provocó que la removieran del cargo y no solamente se conformaron con eso, sino también sumado a una serie de agravios y descalificación pública", señaló Fay.
LO QUE DICE EL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas expresa en su dictamen que "...se deja constancia que los gastos realizados no encuadran dentro de la finalidad pública, en virtud de lo expresado precedentemente, por cuanto los mismos no debieron ser afrontados con fondos públicos sino con capital privado".
El organismo de contralor establece como responsables "al intendente Pablo Alexis Petrecca; el secretario de Hacienda y Finanzas: Eduardo Ariel Díaz", además de los concejales que votaron afirmativamente la ordenanza 7093/16: Gabriel Jorge D´Andrea, Anselmo José Hernández, Javier Adrián Ramón Belligoi, Javier Rubén Prandi, María Lía Castratovich, Nora Elizabeth Mahuad, Gustavo Tomás Traverso, Lautaro Diego Mazzutti, Rodolfo Omar Bertone, Maia Soledad Leiva, Olga Marta Prieto y Marcelo Omar García".
El Tribunal menciona en su informe que "es del caso señalar que las órdenes de pago que se citan, han sido observadas por la Contadora Municipal en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por no adjuntarse informe sobre las irregularidades detectadas y por el cual se contrata la auditoría externa, como tampoco declaración jurada de incompetencia del Departamento de Auditoría Municipal".