¿Qué es lo que hace, lo que contribuye a una vida digna para las personas? ¿Por qué sería importante que las familias accedan a este derecho? ¿Cuáles son las consecuencias en los niñxs, niñas, adolescentes y sus familias, de esta privación o ausencia?
Estos son algunos de los interrogantes, que a continuación intentaré abordar.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que goza de jerarquía constitucional, se refiere a los siguientes derechos, en tanto derechos humanos, a saber: nivel de vida adecuado, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, protección y asistencia a la familia, a madres y a niñxs, niñas y adolescentes, seguridad social, trabajo, afiliarse y fundar sindicatos, participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico.
Las familias que habitan nuestro territorio, en numerosas ocasiones se ven impedidas de superar sus necesidades básicas. En algunos barrios no hay agua potable, cloacas, luz, educación, empleo formal, ambiente sano, entre otras falencias.
Así, entonces, cuando existen necesidades básicas insatisfechas, y esta situación es padecida por niñxs, niñas y adolescentes e integrantes de sus familias, se están vulnerando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que afectan, en definitiva, a todos sus derechos humanos, al ser estos indivisibles e interdependientes.
Contar con condiciones indispensables para una vida digna constituye la base, la contención necesaria que deben gozar las familias, a fin de poder generar esas posibilidades, ese “alojar” a otros, acompañar e impulsar en el crecimiento y desarrollo de las personas que la comprenden.
Exponer el problema
En el comité de crisis reunido el día 31 de mayo, la comisión social y de seguridad expuso que, en el actual contexto de pandemia, ha crecido la demanda de intervenciones estatales en torno a la violencia intrafamiliar y abusos intrafamiliares.
En este sentido, corresponde preguntarnos, si las conclusiones acercadas a la mesa de crisis en el contexto de pandemia no podrían responder, en algunas situaciones, a la cotidiana vulneración de derechos económicos y sociales que sufren los niños, y sus familias.
Cuántas de estas situaciones tan angustiantes, preocupantes en torno a los vínculos familiares forjados, constituyen un emergente de vulneraciones que atravesó a esa familia con anterioridad, con diversos factores de opresión históricos que confluyeron, en torno a violencias, discriminación, estigmatización social, ya sea por pobreza, por desempleo, por migración, por género.
Al desguace producido por el Gobierno Nacional y provincial anterior, entre 2016 y 2019, se suman todas las consecuencias económicas, sociales, sanitarias y educativas de la pandemia, que exigen acciones concretas y rápidas. El COVID-19 desnudó la gran desigualdad social que transita nuestro territorio.
La implementación de políticas de carácter neoliberales, con eje en la distribución inequitativa de la renta, empeoró la calidad de vida, dificultó el acceso al suelo urbano en particular; y el ejercicio de los derechos.
Las relaciones sociales, las familiares, no son ajenas al contexto socioeconómico, a las decisiones políticas adoptadas, a políticas neoliberales que acrecientan la brecha de desigualdad todos los días, favoreciendo a los sectores más acomodados.
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales surgen como respuesta a demandas de igualdad estructural a fin de evitar situaciones de exclusión de colectivos que se hallan en una posición fáctica más débil.
En este marco, debemos trabajar, desde los espacios que ocupamos, sobre la necesidad de políticas públicas activas para mejorar la calidad del espacio, público y privado de las personas, de todos los barrios de nuestra ciudad, porque allí están nuestros pibes.
Porque las familias no son responsables de lo que no pueden, porque no tienen, porque nunca lo tuvieron, o porque nunca creyeron en ellxs.
La importancia de la ley 13.298
La gestión provincial estatal que represento, ocupada sobre todo a lo que atañe a las niñeces, a las infancias, a sus familias y a la comunidad que abraza… (porque no podemos atender a las realidades de los ninxs, sino miramos todo lo que rodea a ese niñx, su familia, sus amigos, referentes, vecinos, barrio, club, escuela, comedor barrial, o centro comunitario); responde y actúa bajo el paradigma que se consagra en la ley 13.298, donde se promueve que la política respecto de todos los niños, tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social.
La Provincia de Buenos Aires destina fondos, mediante la ley 13.163, a fin de ser utilizados por los municipios para implementar y sostener proyectos sociales, de atención integral de la familia en el pleno respeto de sus derechos.
Que el artículo 22 del Decreto 609/04 de la ley 13.163 determina que el municipio debe asignar “el máximo de recursos económicos y financieros disponibles, para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales del niñx. Y refiere a tres clases de fondos: 1°: los transferidos por la descentralización proveniente de las distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial; 2°: los que se reciban de otras jurisdicciones, y 3°: los propios de cada municipio.
Por lo tanto, considero, que cuando ocupamos espacios de gestión y decisión, nuestra actuación no puede quedar reducida a debates técnicos o a escuchar diagnósticos o informes por parte de algunos pocos.
Se deben incorporar y reconocer todas las voces, se debe restituir el sentido de lo público, y trabajar seriamente en la constitución de una red que sostenga, acompañe, y garantice derechos, e implementar políticas públicas que favorezcan los procesos de constitución de las personas, y sostenimiento de las familias que habitan nuestros barrios, nuestra ciudad.
