La decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737 volvió a instalar en la agenda pública la discusión por la extranjerización de tierras y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y el peronismo.
En Junín, el Partido Justicialista se posicionó en sintonía con el planteo que viene sosteniendo el PJ a nivel nacional, que advierte sobre las consecuencias que podría tener el levantamiento de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales y plantea la necesidad de preservar el control argentino sobre el territorio.
La discusión ya había tenido un capítulo en la ciudad. En agosto, organizaciones políticas, sindicales y sociales realizaron una movilización en Junín para expresar su rechazo a la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737.
La denominada Ley de Tierras Rurales fue sancionada en 2011 y estableció un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales en el país. La normativa también fijó restricciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios, la extensión de las superficies adquiridas y determinadas zonas consideradas estratégicas.
El debate volvió a cobrar fuerza luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que había impedido avanzar con la derogación de la norma. De esta manera, la discusión sobre el régimen de propiedad de tierras rurales volvió a quedar en el centro de la escena política.
Desde el peronismo nacional cuestionaron el argumento del Gobierno de que eliminar las restricciones permitiría facilitar la llegada de inversiones. Bajo la consigna “la tierra argentina para los argentinos”, el PJ planteó que el debate excede la cuestión económica y alcanza directamente a la titularidad y el control de tierras consideradas estratégicas.
En Junín, el posicionamiento del PJ local retoma ese eje y vuelve a colocar la cuestión de la propiedad de la tierra en la agenda política de la ciudad, en un contexto donde la discusión nacional sobre el alcance de las inversiones extranjeras y el rol del Estado vuelve a generar fuertes cruces entre oficialismo y oposición.