La reciente apertura de ofertas para la licitación del tramo «Pampa» de la Ruta Nacional 5 ha encendido las alarmas entre los usuarios viales de la región.
El proyecto, que comprende 546 kilómetros entre Luján y Santa Rosa, no solo contempla un fuerte incremento en las tarifas, sino también la instalación de nuevas cabinas de peaje, lo que generaría un impacto directo en el bolsillo de quienes transitan por esa ruta.
En la pugna licitatoria, la constructora mendocina Ceosa quedó posicionada en primer lugar al cotizar una tarifa básica inicial de $2.850 para cada estación de cobro, un valor que, si bien se sitúa un 30% por debajo del tope oficial, representa un costo asfixiante para quienes transitan la zona diariamente.
Más cabinas, menos distancia
La mayor preocupación radica en la densificación de los puestos de cobro. El nuevo esquema sumaría estaciones en Gorostiaga (km 150) y Lonquimay, lo que dejaría en el caso de Mercedes encerrada entre dos peajes separados por apenas 64 kilómetros (considerando la actual cabina de Olivera en el km 86).
«No podemos tener dos peajes tan cerca de la ciudad. A este ritmo, los mercedinos vamos a tener que pagar tarifa plena para movernos apenas unos kilómetros, a menos que se gestione un descuento urgente para los residentes locales», señala Marcelo Suarez, referente histórico de los usuarios viales de la ciudad, que advierten –a su vez– sobre la falta de diálogo con Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte.
Doble imposición y obras frenadas
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) califican este sistema como un «impuesto al tránsito inconstitucional». El argumento principal es la doble imposición: los usuarios ya financian el mantenimiento de rutas a través del impuesto a los combustibles —que recaudó unos 3.000 millones de dólares en el último año—, pero no ven ese dinero reflejado en mejoras.
A este malestar se suma la parálisis total de la obra de la autopista en el tramo Mercedes – Suipacha, una mejora prometida hace décadas que hoy se encuentra detenida, mientras el Gobierno avanza con la privatización del cobro pero no con la ejecución de los trabajos de seguridad vial.