Tras una negociación de último momento entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa "8 de Octubre" y el Municipio, la ciudad recuperó la normalidad en su transporte público. La medida de fuerza, que amenazaba con extenderse por tiempo indeterminado, se levantó bajo una tregua que busca encauzar los reclamos por vías institucionales, aunque el malestar de fondo persiste en el sector.
El eje del conflicto se centró en el despido de un chofer, a quien la empresa acusó de conducción indebida citando supuestos excesos de velocidad y cruces de semáforos en rojo. Sin embargo, lo que comenzó como un reclamo individual escaló rápidamente a una denuncia colectiva sobre la seguridad vial y el estado de la flota. Desde el gremio aseguraron que la acusación es injusta debido a las graves deficiencias técnicas de los coches, señalando que es imposible medir la velocidad real en muchos colectivos porque los velocímetros simplemente no funcionan.
Esta parálisis del servicio puso de manifiesto la extrema dependencia de los vecinos de Junín de un sistema que se mostró vulnerable ante el primer conflicto gremial. Los miles de usuarios afectados durante las últimas 48 horas se convirtieron en el principal rehén de una puja de intereses económicos y laborales que dejó a la ciudad virtualmente desconectada en sus trayectos urbanos.
Hacia adelante, el restablecimiento del servicio no significa una resolución definitiva del problema. El acuerdo alcanzado estipula el inicio de audiencias clave en las próximas horas para tratar la reincorporación o revisión del caso del chofer despedido y, fundamentalmente, la exigencia de un plan detallado de mantenimiento para garantizar que las unidades circulen con el instrumental adecuado. Por ahora la calma regresó a las paradas, pero la responsabilidad recae ahora en que las mesas de mediación eviten que los vecinos vuelvan a quedarse "a pie".