La deuda que el Estado nacional mantiene con distribuidoras y subdistribuidoras de gas por el régimen de Zona Fría vuelve a generar preocupación en el sector, en medio del debate legislativo por la posible modificación del beneficio que alcanza a millones de usuarios.
El referente del Instituto de Subdistribuidoras del Gas (ISGA), José Luis Kelly, reveló a La Verdad que la deuda vinculada a este subsidio asciende a unos $1.200 millones en el caso de Grupo Servicios Junín, situación que se da mientras el tema se encuentra en discusión tras la aprobación en Diputados del proyecto que recorta el alcance de Zona Fría.
El régimen subsidia el consumo de gas natural en determinadas regiones del país y tiene un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado de la Nación.
En este contexto, desde Grupo Servicios Junín se reconoció la existencia de la deuda, aunque sin llevar adelante un reclamo público de alto perfil pese al impacto económico que representa para la empresa.
El presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, confirmó que Nación mantiene atrasos en los pagos correspondientes al programa. “Estamos a la expectativa para poder recuperar esa deuda. El Estado nacional nos pagó parcialmente noviembre, con lo cual estamos con seis meses enteros de deuda del Estado para con Grupo Servicios Junín y para con todas las distribuidoras y subdistribuidoras por el tema Zona Fría”, señaló en declaraciones a Grupo La Verdad.
Sin embargo, pese a reconocer la situación, desde la empresa evitaron profundizar públicamente el reclamo o impulsar acciones visibles para exponer la magnitud de la deuda que mantiene el Gobierno nacional.
Torres aseguró además que, por el momento, la entidad no enfrenta riesgos de desfinanciamiento ni de quiebra a raíz de la falta de pago, aunque el atraso ya se extiende por varios meses y afecta a prestadores de distintos puntos del país.
La discusión por Zona Fría se da en un escenario de fuerte sensibilidad para los usuarios y las empresas del sector energético, especialmente ante la posibilidad de una reducción de subsidios en plena temporada invernal.