La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un capítulo que expone la gravedad del momento que atraviesa la empresa: trabajadores de su planta de La Lonja, en el partido bonaerense de Pilar, recibieron la propuesta de cobrar una parte de los salarios adeudados con pollos, el principal producto que produce la compañía.
La alternativa surgió durante las últimas negociaciones entre la empresa y los representantes gremiales, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de reemplazar la totalidad de los salarios por mercadería, sino de combinar entregas de cajones de pollo con pagos a cuenta, como una forma de afrontar parcialmente las obligaciones con los trabajadores. La propuesta fue revelada inicialmente por medios de Pilar y luego confirmada por distintas publicaciones que siguieron la crisis de la compañía.
El dato adquiere especial dimensión porque llega en medio de un proceso de fuerte deterioro financiero, con salarios adeudados, plantas paralizadas, despidos y un reciente pedido de concurso preventivo presentado ante la Justicia.
1.200 despidos que quedaron en suspenso
A comienzos de septiembre, Granja Tres Arroyos había enviado alrededor de 1.200 telegramas de despido en distintas plantas bonaerenses.
Unos 700 correspondieron a trabajadores de Capitán Sarmiento, 450 a Esteban Echeverría y 50 a Pilar. Sin embargo, las cesantías quedaron temporalmente suspendidas luego de la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.
La Provincia dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y estableció la reincorporación de los trabajadores despedidos mientras continúan las negociaciones.
En ese marco, además de los pagos a cuenta, ya se había acordado la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a trabajadores afectados por los despidos.
La situación de Pilar resulta particularmente sensible: allí están en juego alrededor de 50 puestos laborales en una planta ubicada en La Lonja.
Una deuda de $536.000 millones
El trasfondo del conflicto es una situación financiera de enorme magnitud.
Según la presentación realizada por la propia empresa ante la Justicia, al 31 de diciembre de 2025 Granja Tres Arroyos acumulaba una deuda de aproximadamente $536.000 millones, sin contar el pasivo generado durante este año.
Del total reconocido, unos $199.000 millones corresponden a deudas financieras, $161.000 millones a proveedores, $52.000 millones a impuestos y $78.000 millones a obligaciones laborales y fiscales. También aparecen más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados.
El pedido de concurso preventivo alcanza a las sociedades que integran el grupo empresario, entre ellas Granja Tres Arroyos, Wade —que opera el complejo de Pilar—, Avex y Holding Agro Industrial S.A.
De exportar a pagar con su propia producción
La empresa atribuyó ante la Justicia parte de sus dificultades a un escenario de caída del consumo interno, aumento de costos y mayor ingreso de carne aviar importada desde Brasil.
También señaló el impacto que tuvo el brote de gripe aviar de 2023, que provocó la pérdida temporal del estatus sanitario y afectó el acceso a mercados externos, entre ellos China, Chile y la Unión Europea.
Según la explicación presentada por la compañía, la combinación de una demanda interna debilitada, mayores costos y dificultades para exportar terminó agravando el desequilibrio financiero.
El resultado es una situación que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar para una de las empresas más importantes del sector: una compañía avícola que hoy negocia con sus trabajadores alternativas para afrontar salarios adeudados, incluyendo el pago parcial mediante su propia mercadería.
Mientras tanto, las conciliaciones obligatorias mantienen en suspenso los despidos y abren una instancia de negociación que deberá definir no solamente cómo se cancelan las deudas salariales, sino también qué ocurrirá con los puestos de trabajo y las distintas plantas del grupo.
La crisis de Granja Tres Arroyos, de esta manera, dejó de ser solamente un problema empresarial y se convirtió en un conflicto laboral de gran magnitud, con 1.200 despidos en suspenso, salarios pendientes y una deuda de cientos de miles de millones de pesos.
Fuente LPO