Estoy de acuerdo en la necesidad de reformar la aun vigente ley 22.278 de la dictadura militar que se aparta de la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño, acorde a los estándares internacionales en Derechos Humanos.
Tenemos que repensar el contenido de una nueva ley de fondo penal juvenil, acorde a los principios de especialidad esgrimidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La posibilidad de poner un límite a las penas, las distintas modalidades de pena y su ejecución, las medidas alternativas al proceso con un fuerte tinte educativo, los procesos de mediación, el uso de la prisionizacion como último recurso, etc.
Ahora bien, frente a la reiterada propuesta de ¨bajar la edad de imputabilidad¨ retomada por el gobierno, como respuesta a resolver situaciones de violencia e inseguridad, digo:
En aquellos países donde se ha aplicado, resulto ineficaz, no resolvió el problema, es falaz pensar que bajando la edad de imputabilidad lograremos mayores niveles de seguridad, es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aun de 14 años. Los pocos datos con los que contamos así lo demuestran. Solo el 1% de los jóvenes en regímenes carcelarios de menores cometió delitos graves. No es una medida idónea para atacar la criminalidad.
Estamos utilizando a los adolescentes como ¨chivo expiatorio¨ de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas de Estado que en realidad son los primeros en sufrir. A estos pibes pobres, estigmatizados todos los días, el Estado y la sociedad le brindan un lugar digno para dormir, comer, estudiar y poder conseguir un trabajo? O los dejamos librados a su suerte?
Es inconstitucional, porque se violaría el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retomar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años.
Existen más razones para dar esta discusión, en dirección a la necesidad de atender a las causas sociales del delito como primera aproximación a su prevención, más prevención social del delito, y no seguir confundiendo con los menores o los inmigrantes como causales de todas las desgracias.
Es hora que demos un debate serio y profundo sobre la lucha contra la criminalidad. Ninguna política criminal seria se edifica unidimensionalmente, apelando meramente a reformas del Código penal y aumentos de penas. Exijamos un debate mucho más amplio e interdisciplinario que abarque también reformas en el poder judicial y las policías, todo ello sobre la base de estadísticas criminales fiables, algo de lo que hoy aun seguimos careciendo.
Que el árbol no nos tape el bosque.