El Ministerio de Justicia decidió eliminar la exigencia de libre deuda para la transferencia de autos usados en los registros automotores. La medida comenzó a implementarse desde este lunes y remarca que no será necesario presentar constancia de pago de patentes o multas pendientes para realizar la transferencia de un vehículo.
Esta medida generó inquietud, especialmente en el contexto de un proyecto gubernamental paralelo sobre licencias de conducir vitalicias.
En ese marco, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que los registros también dejarán de cobrar patentes y multas municipales o provinciales, simplificando aún más el proceso.
Anteriormente, los registros retenían la transferencia de vehículos si había deudas pendientes, pero ahora estas se resolverán directamente entre comprador y vendedor.
Cambios en el registro automotor: el Gobierno anunció el fin del libre deuda para vender autos
Además, se eliminaron otros requisitos, como el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), y se puso fin a la cédula azul, anteriormente necesaria para conducir un auto ajeno, así como al vencimiento anual de la cédula verde, que ahora será el único documento válido para circular.
En otro cambio significativo, se digitalizarán los legajos automotores para agilizar los trámites y reducir costos administrativos, lo que se estima que ahorrará $1.300 millones mensuales.
El comunicado del Ministerio de Justicia indicó que el arancel para las transferencias se reduce al 1% y se eliminan los costos asociados con la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes, y la certificación de hasta dos firmas. Hasta ahora, el arancel de transferencia era del 1,5% para los autos de fabricación nacional y del 2% para los importados. La medida es aplicable para autos de industria nacional o importados.
Por otro lado, el proyecto de licencias vitalicias, impulsado por Sturzenegger y la diputada Patricia Vásquez, propone que las licencias de conducir no tengan fecha de vencimiento, requiriendo solo una declaración jurada y un certificado médico cada cinco años, o anualmente para mayores de 75 años.
Los conductores profesionales seguirían necesitando renovaciones periódicas. Este proyecto podría ser implementado mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para evitar la discusión parlamentaria.
