Una investigación penal sin precedentes en el país culminó con la total desarticulación de complejas organizaciones criminales dedicadas a las estafas virtuales. El denominado "Operativo Fake Coins" incluyó noventa allanamientos en simultáneo en distintos puntos de la Argentina y dejó como saldo veinticuatro personas detenidas. Los delincuentes imitaban plataformas financieras legítimas y utilizaban aplicaciones móviles falsas para engañar a inversores, logrando generar un perjuicio económico global estimado en casi tres mil millones de pesos.
En este armado judicial interjurisdiccional, el Departamento Judicial de Junín tuvo una participación destacada. Bajo las directivas del Agente Fiscal Dr. Martín Laius.
El despliegue general, coordinado por la Secretaría de Política Criminal de la Procuración bonaerense a cargo del Dr. Francisco Pont Vergés, arrojó un resultado histórico en materia de incautación. Con el apoyo de la Policía Federal Argentina y fuerzas provinciales, las autoridades secuestraron casi sesenta millones de pesos en efectivo y más de ocho millones de dólares en activos digitales USDT. Este volumen de recupero de fondos superó ampliamente los hitos logrados en la recordada operación RainbowEx, marcando un nuevo estándar en el combate de las ciberestafas y los delitos de piratería digital a nivel nacional.
A continuación se enumeran las siguientes modalidades detectadas:
a) Estafas de inversión
En el marco de varias de las investigaciones, los especialistas detectaron la utilización de una aplicación disponible para descarga en Google Play Store, mediante la cual se inducía a las víctimas a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales. No obstante, los investigadores advirtieron que el hecho de que una aplicación se encuentre publicada en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones financieras que promete.
Los investigadores también advirtieron sobre el crecimiento sostenido de este tipo de maniobras en todo el país, en las que numerosas víctimas realizan inversiones en plataformas falsas o en aplicaciones que imitan a servicios financieros legítimos. En muchos de los casos, las personas siguen instrucciones brindadas por supuestos asesores o referentes financieros que no se encuentran registrados como idóneos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que incrementa el riesgo de fraude y dificulta la trazabilidad de las operaciones.
b) Inversiones y transacciones de compraventa por hackeos de WhatsApp.
En otra de las causas, la investigación reveló una maniobra de estafa en la que los autores contactaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos; tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, les ofrecían operaciones de compra de dólares. En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. La pesquisa permitió identificar domicilios vinculados a los titulares de las cuentas utilizadas en Mendoza y González Catán, mientras que intervenciones telefónicas sobre el IMEI empleado para contactar a las víctimas revelaron la recepción de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente utilizados para habilitar nuevas líneas telefónicas destinadas a la operatoria fraudulenta. En particular en esta investigación correspondiente al Departamento Judicial Azul, se procedió al secuestro de 4025 USDT de cuentas radicadas en el extranjero.
c) Aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual (piratería digital)
En el Departamento Judicial de San Isidro, también se pudo avanzar en la investigación de una organización criminal de origen chino que derivó en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos. Según la pesquisa, la banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas “infostealer”, diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.
Fuente mpba.gov.ar