Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense por el diputado de La Libertad Avanza Juan Osaba propone eliminar el certificado de libre deuda como requisito para obtener, renovar, ampliar o duplicar la licencia de conducir. La iniciativa apunta a modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 y plantea separar la posibilidad de conducir de la obligación de pagar multas de tránsito.
La propuesta establece que ningún organismo provincial o municipal pueda exigir que una persona acredite estar libre de deudas por infracciones para iniciar o completar el trámite de su licencia. Además, contempla que las actas de infracción que todavía se encuentren en trámite y las multas que no hayan sido juzgadas o que no cuenten con una sentencia firme no puedan impedir la realización del trámite.
El Estado, de acuerdo con el proyecto, mantendría igualmente todas sus facultades para reclamar las multas por las vías legales correspondientes. Es decir, la eliminación del libre deuda no implicaría eliminar las deudas ni las infracciones, sino evitar que el registro de conducir sea utilizado como mecanismo para forzar su pago.
Un problema que también impacta en Junín
La discusión tiene un impacto concreto en Junín. El titular de la Oficina de Licencias de Conducir del Gobierno de Junín, Carlos Palma, consideró que la eventual eliminación de este requisito podría favorecer a los vecinos que actualmente encuentran impedimentos para renovar o ampliar sus licencias.
Según explicó Palma, uno de los principales inconvenientes se produce con las infracciones cometidas fuera de la provincia de Buenos Aires. Multas originadas en jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones o Mendoza pueden aparecer incorporadas al sistema nacional a través del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).
En esos casos, el vecino que concurre a la oficina municipal puede encontrarse con una infracción de otra jurisdicción que le impide avanzar con el trámite. Desde Junín, explicó Palma, se les brindan los contactos correspondientes para que puedan comunicarse con el juzgado que intervino en la multa.
El funcionario remarcó además que la exigencia del CENAT y los procedimientos vinculados a las infracciones no son una decisión del Municipio. “No es una decisión municipal”, explicó, sino una exigencia que la oficina local debe aplicar porque así lo establece la autoridad competente.
Multas de otras provincias y trámites engorrosos
Palma señaló que todos los días se presentan situaciones de vecinos que llegan para renovar o ampliar sus licencias y recién en ese momento descubren que tienen infracciones de tránsito registradas en otras jurisdicciones.
En algunos casos, los conductores consiguen acceder a planes de pago y, con el abono de la primera cuota, logran liberar el sistema. En otros, pueden obtener descuentos por pago inmediato. Sin embargo, el funcionario reconoció que todo el procedimiento termina siendo engorroso tanto para el vecino como para el personal que atiende en la oficina municipal.
“El problema surge a raíz de las multas que son del resto del país y que vienen de la boleta nacional, porque somos nosotros los que ponemos la cara con el ciudadano”, explicó Palma.
La situación se vuelve particularmente compleja cuando la resolución depende de juzgados ubicados en otras ciudades y no existen mecanismos ágiles para resolver las situaciones de manera remota.
Las fotomultas, otro de los puntos de conflicto
El titular de la Oficina de Licencias también señaló que buena parte de las infracciones que aparecen asociadas a los conductores corresponden a excesos de velocidad.
A esto se suman las fotomultas provenientes de otras jurisdicciones. Palma mencionó especialmente el incremento de infracciones registradas en accesos y bajadas de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instalaron sistemas de cámaras luego del retiro de algunas cabinas de peaje.
También las infracciones de jurisdicción municipal pueden terminar generando inconvenientes en el trámite. Entre ellas mencionó situaciones como cruzar un semáforo en rojo o detenerse sobre una senda peatonal.
El caso de Chacabuco y el Juzgado de Chivilcoy
En la región, Palma identificó además un problema particular con las infracciones vinculadas a la zona de Chacabuco, cuyos expedientes pueden recaer en el Juzgado de Chivilcoy.
Según explicó, en esos casos el vecino muchas veces debe trasladarse personalmente hasta esa ciudad para intentar resolver la situación, debido a que el trámite no puede completarse de manera online.
El proyecto de Osaba apunta precisamente a modificar este tipo de situaciones: que una deuda o una infracción siga siendo reclamada por el Estado, pero que esa obligación económica no se convierta automáticamente en un impedimento para acceder a una licencia de conducir.
“La licencia no debe ser una herramienta de recaudación”
Desde la bancada libertaria sostienen que la licencia tiene como finalidad acreditar que una persona está habilitada para conducir y que las obligaciones económicas deben reclamarse mediante los mecanismos correspondientes.
Osaba cuestionó que el acceso o la renovación del registro queden condicionados al pago de multas y sostuvo que esta situación no contribuye directamente a mejorar la seguridad vial.
La iniciativa establece, además, que cuando existan antecedentes de infracciones todavía no firmes, el organismo encargado de emitir la licencia podrá informar al conductor sobre su existencia y estado, pero esa información tendrá carácter exclusivamente informativo y no podrá utilizarse para impedir el trámite.
De avanzar el proyecto, cambiaría así una situación que hoy genera numerosos reclamos en las oficinas de licencias: una persona podría continuar con el trámite de su registro aun cuando tenga multas pendientes, mientras el Estado conservaría la posibilidad de reclamar esas deudas por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
Para Junín, donde las autoridades locales aseguran que una parte importante de los inconvenientes se origina en infracciones provenientes de otras jurisdicciones, la eventual modificación podría representar una reducción de trámites y reclamos que hoy terminan recayendo sobre las oficinas municipales.