El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, expresó su malestar por la falta de envío de recursos por parte del gobierno nacional a la ciudad, y advirtió a su vez de la compleja situación económica que atraviesa la Argentina.
“El 2026 va a ser un año desafiante. Hacemos un esfuerzo muy grande para generar oportunidades en Junín, pero no somos ajenos a la realidad económica del país”, afirmó en una entrevista con Revista La Tecla.
Y agregó: "No contamos con fondos nacionales ni provinciales, por eso impulsemos acciones articuladas con el sector privado y consorcios".
Números
La motosierra del gobierno de Javier Milei se hizo sentir en Junín y el distrito dejó de recibir millones de pesos que se inyectaban con obras o distintos planes nacionales.
Según información a la que acciedó Junín Digital, que surge de los informes publicados por el municipio, durante el año 2023 el municipio recibió cerca de 500 millones de pesos, distribuidos entre distintos planes y obras tales como la nueva terminal, la bicisenda o la pavimentación del Av Alvear. ( $187.765.089 de Transferencia Corrientes y $ 409.808.014 para distintas obras en la ciudad).
Ya durante el gobierno de Javier Milei, el municipio no recibió ninguna transferencia nacional en el 2024 y solamente $ 20.419.735 para obras en el 2025, cuando si se actualiza lo que se recibió el 2023 debería haber sido cerca de las mil quinientos millones de pesos.
El presupuesto 2026 de Junín, que supera los $60.000 millones, se caracteriza por no incluir fondos de origen nacional para obras, financiándose con aportes provinciales y de tasas municipales. Cabe destacar que la obra del Paso Bajo Nivel la lleva adelante el Gobierno Nacional en forma directa. En contraste, la provincia de Buenos Aires destinará más de $4.100 millones del Fondo de Financiamiento Educativo para infraestructura y mobiliario escolar este año.
Recorte a provincia
Por otro lado, la Nación cortó todos los recursos clave para la Provincia. La ejecución del fondo fiscal cayó a cero y programas esenciales muestran recortes de hasta el 100%. Analistas advierten que el impacto se sentirá de manera directa en municipios de Buenos Aires.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró en enero de 2026 una caída real del 22% respecto del mismo mes de 2023, reflejando un ajuste de fuerte contracción sobre áreas sensibles como salud, educación, seguridad social, ciencia, desarrollo productivo, transporte y obra pública. En paralelo, el documento señala un incremento del 69% en la Secretaría de Inteligencia del Estado y un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública, que concentran el 8% del gasto.
El recorte se vuelve especialmente crítico para la Provincia de Buenos Aires, donde el Fondo de Fortalecimiento Fiscal registra una ejecución nula, con una caída del 100%. El análisis también expone un retroceso del 96,6% en cooperación y asistencia técnica a municipios, mientras que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios sube 29,7%, aunque sin compensar la eliminación del fondo destinado específicamente a Buenos Aires.
El informe detalla que en salud se profundizan los recortes en organismos nacionales como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-34,2%) y la ANMAT (-56,1%), junto con fuertes bajas en programas claves como Acceso a Medicamentos (-82,8%), Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-54,5%) y Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-99,2%). También se verifican caídas en ciencia y tecnología, seguridad social, educación y desarrollo productivo, afectando desde CONICET y CONAE hasta ANSES, la Secretaría Nacional de Niñez y programas sociales cuya ejecución figura en cero.
El documento subraya además retrocesos significativos en las fuerzas federales y armadas, así como en transporte y obra pública, donde la ejecución es prácticamente inexistente en infraestructura vial, pavimentación, cuencas y saneamiento, incluyendo la paralización del Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (-100%). CEPA concluye que este esquema de recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de políticas esenciales y advierte efectos directos sobre la continuidad de programas sociales, sanitarios, educativos y productivos en un contexto económico adverso.