La Cámara de Diputados inicia este miércoles un debate crucial que podría cambiar drásticamente el costo de los servicios públicos en varias provincias del país. A través de un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el bloque de La Libertad Avanza busca emitir dictamen para tratar en el recinto una profunda reforma al régimen de subsidios al gas por Zona Fría. La iniciativa oficial apunta a derogar la ampliación territorial aprobada en 2021 para regresar al modelo original, el cual concentraba el beneficio casi con exclusividad en la región patagónica.
La propuesta genera máxima alerta en la provincia de Buenos Aires, donde actualmente cerca de 90 municipios cuentan con rebajas de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas. De prosperar el texto impulsado por el Poder Ejecutivo, unos 800 mil hogares bonaerenses perderían el subsidio de manera inmediata, golpeando fuertemente al partido de Junín, donde se estima que la quita afectará directamente a cerca de 30 mil usuarios residenciales. El recorte no se limitaría al territorio bonaerense, sino que también afectaría a cientos de miles de hogares localizados en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, provincias cuyas delegaciones legislativas definirán el éxito o fracaso de la ley en el recinto.
La defensa del proyecto gubernamental estará a cargo de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, quien expondrá ante los legisladores los fundamentos fiscales de la medida. Desde la perspectiva de la Casa Rosada, el actual esquema representa una distorsión económica que debe ser corregida para equilibrar las cuentas públicas. La estrategia oficial contempla emitir dictamen de comisión con el objetivo de habilitar la votación general de la norma de cara a la sesión programada para el próximo 20 de mayo.
Frente a este escenario, intendentes de diversas localidades y diputados de múltiples bloques políticos manifestaron un rechazo unánime y contundente contra la iniciativa oficial. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reclamó públicamente que cese el ajuste sobre los sectores de menores ingresos, mientras que su par de Pehuajó, Pablo Zurro, denunció una persecución financiera contra la administración bonaerense. En paralelo, legisladores de distintas bancadas opositoras unificaron posiciones para frenar lo que consideran un golpe directo a los sectores medios y vulnerables en un contexto de alta inflación. En Mar del Plata, una de las ciudades con mayor consumo invernal, la CGT local y diferentes fuerzas políticas locales se declararon en estado de alerta ante el impacto directo que la quita del beneficio tendrá sobre el comercio y los hogares.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el retroceso en materia de derechos sociales que implica esta reforma. El organismo remarcó que la nueva legislación desvirtúa el espíritu de la Zona Fría, transformando un derecho universal consolidado por criterios climáticos en una asistencia precaria sujeta exclusivamente a indicadores de vulnerabilidad socioeconómica. Diputados provinciales e intermedios también manifestaron su profunda preocupación por el impacto inflacionario y el ahogo económico que sufrirán las familias debido a la pérdida del poder adquisitivo.
Como un elemento adicional de fuerte peso macroeconómico, el articulado de la ley incluye un capítulo destinado a la regularización de las deudas millonarias que las distribuidoras eléctricas mantienen con la compañía Cammesa. El mecanismo propuesto por el Ministerio de Economía faculta al Estado nacional a compensar a firmas concesionarias como Edenor y Edesur por los períodos de congelamiento tarifario previos. De esta manera, las empresas privadas podrán extinguir sus obligaciones con la administradora del mercado mayorista utilizando créditos fiscales reconocidos por el propio Estado.