La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires inició un despliegue territorial junto al Instituto de Previsión Social y diversos municipios para resolver la situación de unos 17.000 jubilados y pensionados. Este universo de contribuyentes acumula un pasivo superior a los 1.200 millones de pesos en el Impuesto Inmobiliario, una carga que el organismo busca neutralizar mediante la aplicación de exenciones automáticas o asistidas, debido a que la gran mayoría de los afectados califica para el beneficio y lo desconoce.
La medida se enfoca en hogares con ingresos que no superen los dos haberes mínimos, que posean una única propiedad con una valuación fiscal menor a los 6 millones de pesos y cuyos titulares no registren actividad en Ingresos Brutos. El plan oficial no solo prevé detener el cobro de las cuotas que venzan en el futuro, sino también limpiar los saldos adeudados de los últimos cinco años, brindando un alivio económico inmediato para los sectores previsionales más vulnerables de la provincia.
Los operativos de notificación y asesoramiento presencial comenzaron formalmente en la capital provincial y se replican de forma progresiva en los distritos con mayor concentración de deuda. En la zona norte del territorio bonaerense, los equipos técnicos centran su atención en la ciudad de Junín, donde las autoridades locales detectaron a 129 jubilados en condiciones de acceder a este beneficio, quienes en conjunto acumulan una deuda total de 9.513.751 pesos que podrá ser condonada tras el cruce de datos y la correspondiente gestión.
Otras localidades de la región y del interior muestran una problemática similar con registros que promedian los 150 casos por comuna. Ciudades como San Nicolás, Chivilcoy, Trenque Lauquen y Necochea encabezan la nómina del interior junto con Junín, mientras que los centros urbanos de General Pueyrredón y La Matanza lideran la estadística general debido a su densidad poblacional.
El director ejecutivo de la agencia de recaudación, Cristian Girard, remarcó que el objetivo central es desburocratizar el Estado para asegurar que los derechos vigentes lleguen de forma efectiva a quienes los necesitan. El funcionario enfatizó que esta franja de la población posee un histórico compromiso con sus obligaciones fiscales, por lo que el atraso en los pagos suele transformarse en una preocupación personal que la provincia busca resolver de manera justa y directa.