Luego de más de dos años de tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, finalmente se alcanzó un acuerdo que busca descomprimir el conflicto presupuestario que atravesó a las casas de altos estudios de todo el país, entre ellas la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).
El entendimiento fue sellado este miércoles en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales, quienes firmaron el acta que formaliza la recomposición económica.
La propuesta contempla una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, distribuida en un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre. Además, incluye partidas adicionales destinadas a becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento de las instituciones.
La medida alcanza a las universidades nacionales de todo el país, incluida la UNNOBA, que durante los últimos años también se vio afectada por las dificultades presupuestarias y participó de los reclamos impulsados por el sistema universitario argentino.
El acuerdo llega luego de intensas negociaciones desarrolladas durante las últimas semanas y pone fin, al menos parcialmente, a una disputa que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre la gestión de Javier Milei y la comunidad académica.
Desde abril de 2024, cuando una multitudinaria marcha federal universitaria reunió a cientos de miles de personas en defensa de la educación pública, el reclamo por el financiamiento de las universidades se mantuvo en el centro de la agenda nacional. A lo largo de estos años hubo movilizaciones, clases públicas, paros docentes, tomas de establecimientos educativos, debates legislativos y vetos presidenciales que profundizaron la confrontación.
La discusión también estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos del Gobierno nacional hacia el sistema universitario, con críticas vinculadas a auditorías, administración de recursos y funcionamiento institucional, mientras que las universidades denunciaban el deterioro salarial y la insuficiencia de los fondos para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Como parte del acuerdo, el Ministerio de Economía autorizó una partida extraordinaria de 800.000 millones de pesos y se comprometió a mantener una mesa de negociación paritaria con revisiones trimestrales durante lo que resta del año.
En este contexto, las autoridades universitarias consideran que la medida representa un alivio para afrontar las principales urgencias financieras del sector, especialmente en materia salarial y de funcionamiento, aunque algunos reclamos continúan abiertos y el proceso judicial iniciado durante el conflicto aún sigue su curso.