Las malas decisiones administrativas y de gestión del intendente Pablo Petrecca continuúan afectando las arcas comunales de Junín. Al fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense, que sancionó al exjefe comunal por pagar sobreprecios en la compra de luces LED, se le sumó ahora un millonario revés judicial por despedir ilegalmente a un empleado municipal. Ambas decisiones exponen un severo perjuicio para los contribuyentes juninenses.
El despido ilegal que costará $37 millones
La justicia dictaminó de forma definitiva la ilegalidad de los decretos municipales que ordenaron la expulsión de un agente municipal. El error de gestión obliga al Ejecutivo local a afrontar un millonario perjuicio económico que asciende a la suma exacta de $37.395.621,65.
El origen del conflicto se originó cuando un empleado fue cesado ilegítimamente, siendo reincorporado más de seis años después tras el fallo adverso. Esta demora acumuló un total de 81 salarios no percibidos. La cifra base, calculada sobre un sueldo neto de $467.986,56, saltó de casi 19 millones de pesos a $36.812.937,38 tras aplicarse los intereses puros del 6% anual y la tasa pasiva digital.
La defensa del trabajador ya solicitó formalmente el traslado de la liquidación final, bajo apercibimiento de aprobación inmediata. El costo final para la comuna será todavía más alto, ya que falta regular los honorarios profesionales de los abogados intervinientes.
El escándalo de las luminarias: Triangulación y sobreprecios
A este revés judicial se le añade una reciente y contundente sanción contra la administración de Petrecca por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en el expediente N° 3-059.0-2024. El organismo de control descubrió una maniobra irregular en la adquisición de luces LED que evitó la licitación pública obligatoria y generó un perjuicio directo a la comunidad.
El tribunal dictaminó un pago en exceso de $12.818.038,97 por encima de los valores de mercado. La maniobra consistió en una triangulación donde el Municipio emitió una orden de compra por $147.744.703 a favor de Grupo Servicios Junín S.A., una empresa estatal local. Sin embargo, esta firma no fabricó los equipos, sino que actuó como intermediaria para comprárselos directamente a la firma privada QISUR LED S.R.L. por $134.926.664, evadiendo así los concursos de precios legales. Debido a esto, el organismo fijó cargos solidarios y multas por más de $16,8 millones que deberán pagar de su propio bolsillo el intendente Pablo Petrecca, el contador municipal Mauro Jacobs y el jefe de Compras Daniel Barrenechea.
El precio de la ineficiencia
Entre el pago por los salarios caídos del despido ilegítimo de $37,3 millones y el sobreprecio determinado en la compra de luces LED de $12,8 millones, la ineficacia administrativa le ha costado a la comunidad más de 50 millones de pesos. La contundencia de las cifras presentadas reaviva la polémica local sobre los costos que la comunidad debe pagar por los fallos jurídicos y de gestión de sus autoridades. Mientras la oposición exige informes detallados, los vecinos de Junín siguen pagando las consecuencias de decisiones tomadas al margen de las normativas legales.