El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires avanza firmemente en un expediente que complica la gestión municipal de Junín respecto al sistema de fotomultas correspondientes a la jurisdicción de Junín y que están ubicados sobre la Ruta Nacional 188 en los Kilómetro 159 (Ambos sentidos) y en el kilómetro 143,4 (Sentido ascendente).
Tras una auditoría sobre el Ejercicio 2024, la División Relatora del Tribunal de Cuentas ratificó graves irregularidades en la fiscalización de las infracciones de tránsito y propuso formalmente aplicar una sanción económica al intendente Pablo Petrecca por incumplimiento de sus deberes públicos. El dictamen también alcanza a la jueza de Faltas local, señalada como responsable solidaria en su carácter de auxiliar de control interno.
El conflicto central radica en la falta absoluta de un sistema de control estatal sobre el circuito de las multas. Si bien el Ejecutivo local logró subsanar las observaciones iniciales sobre la legalidad del convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la homologación de los radares por parte del INTI, el dictamen fulminó los mecanismos de recaudación y gestión. Según los auditores, el Municipio derivó de forma indirecta las facultades de control en manos de actores privados, perdiendo el rastro tanto de la validez legal de las actas como de los millones de pesos recaudados.
El esquema montado en la provincia de Buenos Aires mediante este tipo de convenios bajo el amparo de la UNSAM esconde una controvertida matriz de distribución de la recaudación que reduce los ingresos del Estado local en beneficio de externos.
La trama administrativa revela que la UNSAM traspasó la ejecución del programa vial a su Fundación de Innovación y Tecnología, la cual a su vez firmó una asociación estratégica con la empresa privada Tránsito Seguro S.A. Mediante este esquema, el sector privado y la fundación se quedan con el 36,75% y el 15,75% de la recaudación total de las multas, respectivamente; el municipio de Junín recibe tan solo el 22,50%; mientras que el 20% restantes son para la Provincia de Buenos Aires.
El organismo bonaerense advirtió que el municipio no presentó los instrumentos legales que detallan qué tareas concretas realiza cada parte para justificar semejantes retribuciones económicas.
La investigación judicial-administrativa determinó además que los funcionarios de Junín operaban a ciegas frente al sistema SACIT. La comuna no pudo acreditar ningún tipo de intervención en el proceso de confección de las multas, en el descarte de imágenes tomadas por los radares, ni en el seguimiento de los cobros en los juzgados. Esta desidia estatal deja al Municipio desarmado ante posibles planteos de nulidad por parte de los presuntos infractores, ya que el gobierno local desconoce si las cartas documento fueron efectivamente recibidas por los ciudadanos.
Ante la falta de remisión de facturas pendientes, balances de la Unidad de Coordinación e informes de avance, el Tribunal concluyó que se configuró una vulneración directa a la Ley Orgánica de las Municipalidades. El dictamen considera que los recursos públicos obtenidos por las multas de tránsito son una herramienta fundamental de la gestión comunal que no puede quedar librada al arbitrio de empresas particulares.
Resumen de Sanciones y Cargos del Tribunal de Cuentas le aplicó a Petrecca
El Intendente Municipal Pablo Alexis Petrecca recibió una multa de $1.200.000,00 por los incumplimientos detallados en los Considerandos Cuarto, Quinto (inciso 2), Octavo (incisos 1 y 2 apartado I), Décimo (apartado B), Undécimo (incisos 3, 4 y 5), Decimotercero (incisos 1 y 2), Decimocuarto (incisos 1 y 2) y Decimoséptimo.
El caso de Junín no es un hecho aislado, sino que forma parte de un modus operandi bajo la lupa judicial en toda la provincia. El convenio firmado en Mar del Plata entre el intendente Guillermo Montenegro (hoy senador) y la UNSAM —que reactivó las fotomultas en noviembre de 2022— es investigado penalmente por la Justicia Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paulo Starc.
La hipótesis es idéntica a la detectada en Junín: la UNSAM funcionaría como una "intermediaria" de firmas privadas como Secutrans y Tránsito Seguro permitiendo eludir las licitaciones públicas obligatorias. En los papeles, la UNSAM se queda con el 56% de la recaudación total de las multas en Mar del Plata y el Municipio apenas con un 24%, a pesar de que la resolución provincial 724/2020 exige que los municipios retengan el 80% de los ingresos y giren el 20% a la Provincia.
La gravedad de la causa penal provocó un allanamiento en la Municipalidad de Mar del Plata y en otras diez comunas bonaerenses afectadas (La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y San Martín). Este operativo tuvo como objetivo el secuestro de todos los convenios firmados desde 2020, expedientes de contratación y los "formularios 02" de reparto de fondos.