El Gobierno de la provincia de Buenos Aires concluyó la etapa de consultas con los intendentes de las ocho secciones electorales para avanzar con una nueva Ley de Seguridad Pública, una reforma que reemplazará la normativa vigente desde 1998 y que en los próximos días será enviada a la Legislatura bonaerense para su tratamiento.
Los encuentros, encabezados por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, tuvieron como objetivo recoger las experiencias y necesidades de cada distrito antes de la presentación formal del proyecto. La última reunión se realizó este viernes con los jefes comunales de la Tercera Sección Electoral, cerrando así una ronda de diálogo que incluyó a representantes de toda la provincia.
La futura ley pretende actualizar un marco normativo que lleva casi tres décadas en vigencia y que, según el Ejecutivo bonaerense, ya no responde a la realidad actual ni a las nuevas modalidades del delito. Entre sus principales ejes se encuentran una mayor articulación entre la Provincia y los municipios, el fortalecimiento de las tareas de prevención, la modernización de las fuerzas policiales y la incorporación de herramientas de gestión acordes a los desafíos actuales en materia de seguridad.
¿Qué cambiaría para Junín?
En caso de ser aprobada, la nueva legislación podría modificar la forma en que el Municipio de Junín participa en la planificación de las políticas de seguridad. Si bien la conducción de la Policía Bonaerense continuará siendo una responsabilidad exclusiva del Gobierno provincial, el proyecto apunta a consolidar una mayor coordinación con los gobiernos locales para el diseño de estrategias preventivas, el intercambio de información y la ejecución de acciones conjuntas.
La iniciativa también buscaría establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada nivel del Estado, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y los municipios en aspectos vinculados con la prevención del delito, el monitoreo urbano, el uso de nuevas tecnologías y la respuesta ante situaciones de emergencia.
Actualmente, el Municipio de Junín colabora con la seguridad a través del Centro de Operaciones y Monitoreo, las cámaras de vigilancia, las patrullas municipales y distintas acciones de apoyo logístico a las fuerzas policiales. Sin embargo, las decisiones operativas y el mando de la Policía Bonaerense continúan dependiendo exclusivamente del Ministerio de Seguridad provincial. La nueva ley no modificaría esa estructura, pero sí podría brindar un marco institucional más claro para la participación de los gobiernos locales y fortalecer los mecanismos de coordinación con la Provincia.
Si bien el proyecto no contempla, al menos en esta instancia, un incremento automático de los recursos destinados a los municipios, la sanción de un nuevo marco legal podría abrir, a futuro, el debate sobre nuevos mecanismos de financiamiento para fortalecer las políticas locales de prevención. En ese escenario, distritos como Junín podrían aspirar a acceder a mayores programas de asistencia provincial para equipamiento, tecnología, capacitación e infraestructura vinculada a la seguridad, aunque esas definiciones dependerán de futuras decisiones presupuestarias y de las políticas que impulse el Gobierno bonaerense.
Concluida la ronda de consultas con los intendentes, el Gobierno de Axel Kicillof se prepara ahora para enviar el proyecto a la Legislatura provincial, donde comenzará el debate parlamentario sobre una reforma que busca modernizar el sistema de seguridad bonaerense y adecuarlo a las necesidades actuales de los 135 municipios.