La decisión del Gobierno nacional de subastar el predio donde se construían las 149 viviendas del ex Procrear en Junín no solo marca el cierre definitivo de uno de los proyectos habitacionales más importantes de la ciudad, sino que también deja abierta una pregunta: ¿podría el Municipio intentar recuperar el emprendimiento para finalizar las viviendas?
Hasta el momento no existe ninguna manifestación pública del Ejecutivo municipal sobre esa posibilidad. Sin embargo, las condiciones de la convocatoria establecen que podrán participar tanto personas físicas como personas jurídicas que cumplan con los requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones, por lo que, en principio, un municipio podría intervenir en el proceso si decidiera hacerlo.
El desarrollo que saldrá a subasta está ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco. Se trata de un predio de 21.347 metros cuadrados donde fueron proyectadas 149 viviendas unifamiliares y dúplex, con un avance físico cercano al 70% al momento de la paralización de las obras.
La operación no comprende únicamente la venta del terreno. El futuro adjudicatario adquirirá también todas las mejoras ejecutadas hasta el momento: estructuras construidas, instalaciones parciales y la infraestructura urbana existente, que incluye redes de agua potable, energía eléctrica, cloacas, alumbrado público y otros servicios ya desarrollados para el barrio.
La subasta se realizará a través del sistema electrónico COMPR.AR y tendrá un precio base de 7.061.772 dólares, monto fijado por el Ministerio de Economía sobre la base de la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En caso de que el Municipio decidiera intervenir en el proceso, debería cumplir con las mismas exigencias que cualquier otro oferente. Esto implica inscribirse en la plataforma oficial, presentar toda la documentación requerida en el pliego y acreditar el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales establecidos para participar.
Además, una operación de este monto requeriría que el Gobierno local dispusiera de los recursos económicos necesarios o definiera un mecanismo de financiamiento para afrontar la compra. Por tratarse de una adquisición millonaria, también sería necesaria la intervención de los organismos municipales competentes y, eventualmente, del Concejo Deliberante si la normativa vigente así lo exige.
En caso de resultar adjudicatario, el Municipio pasaría a ser propietario del predio y de todas las obras ejecutadas. A partir de ese momento debería definir cómo financiar la finalización de las viviendas y bajo qué modalidad se completarían y adjudicarían a los futuros beneficiarios.
Más allá de la posibilidad legal de participar, la subasta también plantea un desafío político para la gestión municipal, encabezada actualmente por el intendente interino Juan Fiorini durante la licencia de Pablo Petrecca. La eventual decisión de intervenir o no en el proceso podría abrir un debate sobre el rol que debe asumir el Estado local frente a una obra de gran impacto para la ciudad.
En ese sentido, la venta del predio pone nuevamente en agenda la problemática habitacional de Junín y reabre la discusión sobre las políticas de vivienda impulsadas por el Municipio en la última década. Si el Ejecutivo decidiera avanzar con una oferta, tendría la oportunidad de intentar recuperar un desarrollo de 149 viviendas ya iniciado y transformarlo en una respuesta concreta para cientos de familias que esperan acceder a una casa propia.
La subasta, además, aparece como un nuevo desafío para la conducción política que integran Pablo Petrecca y Juan Fiorini. La posibilidad de rescatar el complejo habitacional podría representar una oportunidad para avanzar sobre uno de los principales reclamos de la ciudad y dar un paso en una materia en la que la gestión municipal ha recibido cuestionamientos por la nula generación de viviendas a lo largo de los últimos años. Si bien la decisión dependerá de la capacidad financiera y política del Municipio, el proceso abre un interrogante que seguramente formará parte del debate público en las próximas semanas: ¿intentará Junín recuperar las 149 viviendas o dejará que el emprendimiento pase definitivamente a manos privadas?