Con los nuevos aumentos en la electricidad, la Tasa de Alumbrado Público volvió a quedar en el centro de la discusión en Junín. El motivo no es solamente el porcentaje que deben afrontar los usuarios residenciales, sino también la forma en que se determina el cobro y la pregunta que comenzó a instalarse con fuerza: si el Municipio logró reducir los costos del servicio mediante la incorporación de luminarias LED, ¿por qué ese ahorro no se refleja en lo que pagan los vecinos?
La Ordenanza Impositiva vigente establece para los usuarios residenciales —categoría T1— una alícuota del 25% sobre el facturado neto de energía eléctrica. Para las categorías T2 y T3 el porcentaje es del 12%, mientras que para consumos superiores a 30.000 kWh mensuales se aplica el 4%. La propia normativa establece que los fondos deben destinarse al servicio de alumbrado público.
El dato del 25% adquiere todavía mayor relevancia porque se trata de una de las alícuotas más elevadas de la región y de la provincia, según los cuestionamientos planteados en los últimos meses desde sectores de la oposición. El concejal Fernando Burgos llegó a señalar que Junín tiene la tasa de alumbrado más elevada entre los distritos bonaerenses, mientras que otros reclamos la ubican entre las cargas municipales más altas.
Este escenario puso en el centro de discusión el "Modelo Junín", el cual el intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, busca llevar a la provincia de Buenos Aires. A base de pauta publicitaria promociona el "modelo", que por lo visto incluye aumento de tasas y "atarlas" a otros servicios, punto que el gobierno nacional buscó prohibir.
Se paga por consumir electricidad, no por la cantidad de alumbrado que se recibe
El mecanismo utilizado genera una particularidad que resulta difícil de explicar desde la lógica tradicional de una tasa: el monto que paga cada vecino no está determinado por cuánto alumbrado público recibe frente a su propiedad, sino por cuánto consume de electricidad dentro de su casa.
En términos sencillos, dos viviendas que reciben exactamente el mismo servicio de alumbrado pueden pagar montos muy diferentes. Una familia que consume más electricidad abonará una tasa mayor, aunque tenga una sola luminaria frente a su domicilio. En cambio, otra vivienda que tenga un frente mucho más extenso, varias luminarias en la cuadra o incluso más artefactos públicos cercanos puede terminar pagando menos simplemente porque su consumo eléctrico particular es menor.
La normativa contempla una excepción para inmuebles ubicados a más de 160 metros del artefacto lumínico público correspondiente. Pero, dentro de ese universo, la base de cálculo continúa siendo el consumo de energía eléctrica del usuario.
Es justamente esa característica la que alimenta uno de los principales cuestionamientos: la tasa no se paga en función de la cantidad de alumbrado que recibe cada propiedad, sino en función del consumo privado de electricidad.
Y allí aparece una discusión de fondo. Formalmente, el Municipio la denomina “Tasa por Servicio de Alumbrado Público”. Sin embargo, su mecanismo de cálculo funciona como una carga porcentual aplicada sobre el consumo eléctrico particular, lo que abre el debate sobre si el esquema guarda una relación directa y razonable entre lo que paga cada contribuyente y el servicio que recibe.
El otro punto de la discusión: las luces LED
A esta cuestión se sumó durante 2026 otro reclamo: el impacto económico que tuvo la reconversión del alumbrado tradicional a tecnología LED.
El propio Municipio destacó los beneficios del cambio. En septiembre de 2024 informó que ya había colocado más de 10.000 luminarias LED y remarcó que la nueva tecnología consume menos energía. En 2025 volvió a señalar que el plan permitía optimizar el uso energético y que ya se habían instalado más de 17.000 luces LED.
Es decir, el Municipio sostiene que la tecnología LED permite ahorrar energía y optimizar el funcionamiento del sistema de alumbrado.
El interrogante que plantearon vecinos y concejales es qué ocurrió con ese ahorro
En julio de este año, el concejal Fernando Burgos presentó un pedido de informes para conocer precisamente si la reducción del consumo eléctrico y de los costos de mantenimiento derivada de la incorporación de LED tuvo algún impacto sobre la Tasa de Alumbrado Público. La iniciativa buscó determinar si esos menores costos se tradujeron en una reducción de la carga tributaria para los vecinos o si los recursos liberados tuvieron otro destino.
La discusión llegó posteriormente al Concejo Deliberante. En agosto, el cuerpo aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre el cobro del 25%, el destino de los fondos y el impacto económico de las nuevas luminarias. Desde la oposición remarcaron que el ahorro generado por la tecnología LED debería ser considerado al momento de analizar cuánto pagan los contribuyentes.
El planteo es concreto: si antes se utilizaban luminarias de mayor consumo y mayores costos de mantenimiento y ahora una parte sustancial de la ciudad cuenta con tecnología LED, el costo de prestar el servicio debería haber cambiado. Sin embargo, la alícuota continúa siendo del 25%.
Una tasa que creció mientras cambió el sistema
Además, existe otro dato que forma parte del reclamo político. Antes de la actual alícuota, la Tasa de Alumbrado Público era del 18%. Durante la gestión de Pablo Petrecca fue elevada al 25%, porcentaje que se mantiene actualmente. Distintos medios locales vienen señalando ese cambio y su impacto sobre las facturas de electricidad.
Por eso, la discusión ya no pasa solamente por cuánto representa el 25% en una factura que aumentó fuertemente en los últimos años. También se cuestiona qué relación existe entre ese porcentaje y el costo real de prestar el servicio de alumbrado público.
Porque si la tasa se calcula sobre el consumo particular, un vecino puede terminar pagando más simplemente porque utiliza más electricidad en su vivienda, aunque la cantidad de luminarias públicas que tiene frente a su casa sea exactamente la misma que la de otro contribuyente.
Y si, además, el Municipio reconoce que la tecnología LED permite consumir menos energía y reducir costos de mantenimiento, aparece una segunda pregunta: ¿por qué el ahorro no se traduce también en un alivio para quienes financian el servicio?
Desde la oposición ya pidieron información oficial para responder ese interrogante. Mientras tanto, la Tasa de Alumbrado Público continúa llegando todos los meses junto con la factura de electricidad y representa para los usuarios residenciales un recargo del 25% sobre el consumo neto.
Así, lo que originalmente aparece en la boleta como una tasa destinada a financiar el alumbrado público termina planteando una discusión mucho más amplia: si el vecino paga de acuerdo con lo que consume dentro de su casa y no de acuerdo con el servicio de iluminación que recibe, y si además el costo del alumbrado disminuyó con la tecnología LED, ¿cuál es hoy la justificación para mantener una alícuota del 25%?