La eliminación del régimen de Zona Fría entró en su etapa decisiva y esta semana el Senado podría convertir en ley un recorte que impactará directamente sobre miles de hogares de Junín.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable en el Senado el miércoles pasado. El texto avanzó sin modificaciones en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, por lo que quedó habilitado para ser tratado en el recinto. El oficialismo busca llevarlo a la sesión prevista para el jueves 24 de septiembre.
La definición será especialmente sensible para Junín. De acuerdo con los datos difundidos durante el debate, 28.480 usuarios residenciales de la ciudad están alcanzados actualmente por el régimen de Zona Fría. Es decir, miles de familias tienen hoy un descuento que podría desaparecer si el Senado sanciona la reforma.
Hasta 40% más en la factura
Actualmente, los usuarios residenciales de Junín reciben una bonificación del 30% o del 50%, según cada caso. Según los datos aportados por Grupo Servicios Junín, 23.909 usuarios tienen el descuento del 30% y otros 5.949 cuentan con una bonificación del 50%.
Desde la empresa se explicó que, tomando ambas categorías, el descuento promedio representa aproximadamente el 38% del valor final del servicio, considerando el cargo fijo y el valor del gas.
Por eso, la eliminación del beneficio tendrá un impacto concreto sobre las facturas de los hogares juninenses. Las estimaciones difundidas durante el debate ubican el aumento para los usuarios que pierdan el descuento en torno al 40%, aunque el impacto final dependerá de la categoría, el consumo y el esquema de subsidios en el que quede cada usuario.
El golpe no termina en la factura de cada familia
El impacto de la medida sobre Junín tampoco se limita al bolsillo de quienes reciben el descuento.
Una estimación difundida a partir de datos locales calculó que la eliminación del beneficio implicaría más de $600 millones que dejarían de circular en el mercado interno de Junín, entre comercios, servicios y consumo minorista.
El dato adquiere mayor relevancia en una ciudad donde el comercio ya atraviesa una fuerte retracción. Durante el segundo trimestre de 2026, el relevamiento de la Sociedad Comercio e Industria de Junín registró una caída interanual de las ventas del 16,8%, mientras que el 30% de los establecimientos consultados redujo su personal.
Así, el aumento de las facturas de gas puede tener un segundo efecto: menos dinero disponible para las familias y, por lo tanto, menor capacidad de consumo en comercios y servicios de la ciudad.
Para las empresas juninenses, además, el impacto debe analizarse con una diferencia importante: el descuento de Zona Fría que está en discusión corresponde fundamentalmente a usuarios residenciales, por lo que no puede afirmarse que todos los comercios e industrias vayan a sufrir directamente una suba del 40% en sus facturas por esta reforma.
Sin embargo, sí existe un efecto indirecto sobre el entramado productivo: menos dinero disponible en los hogares significa menor demanda para comercios y servicios, justamente en un momento en que la actividad local ya registra caída de ventas y reducción de personal.
También queda expuesto Grupo Servicios Junín
La discusión tiene además una consecuencia específica para Grupo Servicios Junín.
La empresa viene advirtiendo sobre el impacto que tendría la reforma y sobre el riesgo de un aumento de la morosidad si las facturas suben abruptamente. Su titular, Pablo Torres, señaló que la compañía ya cuenta con mecanismos para gestionar deudas y que un incremento fuerte de los incumplimientos podría obligarla a priorizar recursos.
A esto se suma un dato económico significativo: Nación mantienía una deuda superior a $1.200 millones con Grupo Servicios Junín vinculada al régimen de Zona Fría, de acuerdo con información difundida por el Instituto de Subdistribuidoras del Gas y reconocida por la propia empresa.
Torres había señalado anteriormente que el Estado nacional mantenía varios meses de atraso en los pagos correspondientes al régimen.
De esta manera, mientras se discute la eliminación del beneficio para los usuarios, las empresas que participan del sistema también enfrentan un escenario de deuda acumulada, mayor riesgo de morosidad y una modificación de las condiciones bajo las cuales funciona el esquema.
Santilli y el PRO, en el centro de la negociación
El avance de la reforma en el Senado también tiene detrás una negociación política que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, Santilli participó de las conversaciones con gobernadores del Norte Grande para conseguir respaldo parlamentario a la reducción de Zona Fría.
La negociación incluyó un compromiso del Gobierno nacional para avanzar con un esquema de subsidios eléctricos para las denominadas “zonas cálidas” y “muy cálidas” durante los meses de mayor consumo. El acuerdo involucró a gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy, entre otros.
El mecanismo acordado contempla ampliar los bloques de consumo subsidiado durante determinados meses para esas provincias. A cambio, el Gobierno buscó destrabar el respaldo político necesario para avanzar con la reforma de Zona Fría en el Senado.
En paralelo, el PRO aparece entre los sectores que acompañaron el dictamen que dejó al proyecto en condiciones de llegar al recinto.
La negociación adquiere especial relevancia para la provincia de Buenos Aires porque el recorte alcanza a 94 municipios bonaerenses, entre ellos Junín.
Una reforma que ya está a días de definirse
El régimen actual fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637 y permitió incorporar a numerosas localidades bonaerenses que hasta entonces no estaban alcanzadas por el beneficio. Junín quedó incluido dentro de esa ampliación y actualmente todos sus usuarios residenciales reciben algún nivel de descuento por Zona Fría.
Ahora el Gobierno busca modificar ese esquema y concentrar los subsidios en los hogares que acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad económica.
El proyecto ya fue aprobado por Diputados, consiguió dictamen favorable en el Senado y el oficialismo pretende votarlo el jueves 24 de septiembre.
Para Junín, la discusión dejó de ser una posibilidad lejana.
Son 28.480 usuarios residenciales alcanzados actualmente por el beneficio, descuentos que llegan al 50%, un impacto estimado cercano al 40% en las facturas de quienes pierdan la bonificación y más de $600 millones que, según estimaciones difundidas, podrían dejar de circular en el mercado local.
La definición está ahora en el Senado. Si el proyecto obtiene los votos necesarios esta semana y se sanciona sin modificaciones, el régimen que durante años alivió las facturas de miles de familias juninenses quedará definitivamente recortado.