Personal de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín logró esclarecer una compleja maniobra de extorsión virtual que afectó gravemente a un vecino de la ciudad. La causa judicial penal se inició formalmente a partir de la denuncia de un profesional local, quien manifestó haber comenzado a sufrir episodios recurrentes de hostigamiento y amenazas intimidatorias luego de haber ingresado a páginas de anuncios de servicios de compañía.
A partir de ese momento, el damnificado empezó a recibir llamadas y mensajes mediante los cuales los delincuentes le exigían el pago inmediato de una supuesta deuda pendiente. Las presiones ejercidas por los extorsionadores incluyeron la exhibición de información privada de la víctima, así como datos filiatorios de los integrantes de su grupo familiar. Ante el temor generado por las represalias prometidas, el vecino damnificado realizó múltiples transferencias de dinero que en su totalidad sumaron una cifra cercana al millón de pesos, aunque los pagos efectuados no detuvieron el acoso de los delincuentes.
La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Número 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Agente Fiscal Doctora Vanina Lisazo. La funcionaria encomendó las tareas operativas a los especialistas de la Sección Investigaciones Cibercrimen Junín, quienes desplegaron diversas medidas técnicas que incluyeron pedidos de informes a empresas telefónicas, pericias en plataformas digitales, requerimientos a entidades bancarias y análisis de billeteras virtuales, sumado a un exhaustivo rastreo de geolocalización y tráfico de comunicaciones.
Las tareas de inteligencia criminal permitieron establecer con precisión que las maniobras extorsivas se originaban en el interior de la Unidad Penitenciaria Número 16 de Junín. El principal investigado fue identificado como un interno apodado «El Bebé», localizándose además los dispositivos móviles utilizados para cometer las comunicaciones ilícitas. Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos tanto en el establecimiento carcelario como en una vivienda particular donde se recibían los fondos.
Durante los procedimientos en el penal se secuestraron dos teléfonos celulares marca Samsung y una tarjeta SIM de vital interés para el expediente, al tiempo que se notificó formalmente al interno imputado sobre la formación de la causa por el delito de presunta defraudación informática. En paralelo, el registro domiciliario derivó en el hallazgo y secuestro de diez plantas de marihuana, lo que motivó la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737. Los dispositivos telefónicos incautados serán sometidos a peritajes informáticos forenses para determinar la participación de otros eslabones en la organización delictiva.
Fuente laverdad