La paralización de la Variante Chacabuco, el histórico bypass de 23 kilómetros que se extiende entre los kilómetros 196 y 219 de la Ruta Nacional 7, sumó un capítulo definitivo en su compleja ingeniería financiera. Vialidad Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, determinó que el Estado no aportará fondos del Tesoro para su finalización y transfirió formalmente la responsabilidad de los trabajos al sector privado a través del nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones.
La novedad técnica, que encendió alarmas y debates en la región, radica en que la obra no dependerá de los peajes de su propio corredor. Según la Documentación Técnica de Referencia publicada en el sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, la terminación de la Variante Chacabuco fue anexada de forma obligatoria dentro del pliego del denominado Tramo Puntano. Esto significa que la empresa privada que resulte adjudicataria de este corredor —el cual abarca las rutas nacionales 8, 193, 36 y A005— deberá costear la reactivación y finalización de los kilómetros pendientes en Buenos Aires utilizando la recaudación generada en esas otras trazas federales.
La reactivación, sin embargo, demandará paciencia para los usuarios de la región, ya que los pliegos oficiales fijan un plazo de ejecución de entre dos y tres años a partir del inicio operativo de la nueva concesión privada. Los antecedentes completos de esta reestructuración provienen de las audiencias públicas convocadas por la propia Vialidad Nacional, donde se ratificó el fin del financiamiento estatal directo, y constan de manera formal en las actas licitatorias y en los comunicados institucionales emitidos por el Municipio de Chacabuco. Asimismo, el seguimiento del proceso tomó estado público tras la apertura de sobres técnicos, cuyos listados de empresas oferentes admisibles —como la firma regional Guigivan entre otras 17 constructoras— fueron difundidos por portales periodísticos especializados del noroeste bonaerense como junindigital